En su sentencia, razona la CS que “falta al recurrente legitimación activa para deducir la acción de protección, pues se trata de una persona jurídica, que comparece a nombre propio, con número indeterminado de afiliados».
Los legisladores acordaron escuchar a todos los actores involucrados con la materia, durante las siguientes sesiones.
El recurrente adujo que la decisión administrativa hizo una errada interpretación de los numerales 2° y 3° del artículo 15 de la Ley de Extranjería, en relación a su artículo 17.
La gestión pendiente incide en autos sobre divorcio por culpa de que conoce el Primer Juzgado de Familia de Santiago.
Se reclamó ante la Contraloría General de la República –por parte de ex funcionarios de carabineros- los eventuales vicios que afectarían la legalidad del sumario que se instruye en esa entidad.
La Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de protección, mas la Corte Suprema –en alzada- revocó esta decisión.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección por considerarlo extemporáneo; mas la Corte Suprema -en alzada- revocó dicha decisión.
El recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.
La sentencia concluye expresando que la resolución reclamada importa una forma anómala de término de la gestión.
Entre las distintas atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, el artículo 52, N° 1, letra b), de la Carta Fundamental, faculta a los diputados a citar a un Ministro de Estado.
