El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 20 de la Ley N° 19.234, modificado por la Ley N° 19.582.
Se dedujo acción de protección en contra de un particular, por parte de una empresa constructora, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho de haber tomado la tenencia de un inmueble de su propiedad
Se dedujo acción de protección en contra de la Isapre Banmédica S.A., por parte de dos particulares, a fin de que se declarara ilegal y arbitraria la decisión de la primera de poner término al correspondiente contrato de salud y por negarse a cubrir una atención médica que recibió la cónyuge del titular.
Se dedujo acción de protección en contra de una empresa, por parte de una sociedad constructora, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho de que la recurrida mandó a publicar a Equifax supuestas facturas impagas, sin haberse cumplido con el protocolo comercial.
En días pasados, la Cámara Baja aprobó –por 50 votos a favor– el proyecto de ley, iniciado por moción, que pretende reformular el juramento de jueces y auxiliares de la administración de justicia.
En el contexto de la reciente aprobación –por el Senado de Uruguay- del cultivo y distribución de marihuana, el senador Girardi emplazó a sus pares a reabrir el debate sobre políticas públicas en materia de drogas.
Se dedujo acción de protección en contra del Juez Titular del Segundo Juzgado Civil de Valdivia, por parte de un grupo de particulares, a fin de que se declarara ilegal y arbitraria la resolución de fecha 3 de julio de 2013, por medio de la cual hace lugar a la toma de posesión material de los lotes 4, 5, 6, 7 y 8 expropiados para la ejecución de la obra “Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira”, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho de propiedad.
El TC acogió un requerimiento respecto del artículo 75 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuya aplicabilidad o inaplicabilidad fue solicitada por la Corte de Apelaciones de Rancagua.
En días pasados, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado comenzó el análisis y estudio del proyecto de ley que tiene por objeto modificar el DFL N° 161, del año 1978, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y que fija su estatuto orgánico para entregar al Subsecretario de Relaciones Exteriores atribución para transigir en conflictos jurídicos laborales y/o previsionales ocurridos en el extranjero.
Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de una ex funcionaria del Ejército- un pronunciamiento respecto de la decisión de dar término a su relación laboral a contrata, adoptada por la institución aludida.
