El reclamante solicita que se deje sin efecto la resolución sancionatoria y la resolución que rechazó el recurso de reposición presentado posteriormente.
El informe identifica la falta de participación política y elecciones libres por la persistencia de un partido único, así como la falta de disposiciones para asegurar la separación de poderes.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1, 8 y 21 de la Constitución Política de la República.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que adolece de falta de debido fundamento plausible.
La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de La Serena, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de La Serena, por recurso de apelación.
La expresión «falta» contenida en el artículo 85 del Código Procesal Penal está referida a hechos de naturaleza penal.
Si así fuere ello supondría un fuerte desincentivo para postular a cargos de Alta Dirección Pública y además atentaría contra el propósito de profesionalizar y modernizar la relación entre el Estado y sus funcionarios, en el marco de la política pública de «nuevo trato» que inspira a dicha normativa.
El autor analiza las propuestas de reforma electoral de cara a las próximas elecciones generales del 2021 en Perú, ante lo cual afirma la necesidad de consolidar la reforma referida a las causales de pérdida de inscripción de partidos políticos, eliminación del voto preferencial, financiamiento de organizaciones políticas, entre otros.
El Tribunal de alzada desestimó actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, tras establecer que la empresa periodística ejerció el derecho a informar sin censura previa un hecho de interés público; además, la recurrente, al presentar la querella, no pidió reserva de la causa ni de sus datos personal.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada por ambas partes, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que declaró improcedente el despido y ordenó el pago de las prestaciones adeudadas al trabajador.
