El legislador reguló la posibilidad de acreditar la verdad de las imputaciones proferidas en el marco del ejercicio del derecho de informar y emitir opiniones, lo cual no fue acreditado por el acusado.

Se habría producido por una sucesión de hechos que implicaron que la demandante se auto despidiera, esto es, en síntesis, las cámaras de vigilancia puestas en dirección a la pantalla del computador de la trabajadora; los malos tratos de palabra propiciados por la jefatura directa ya sea personalmente o mediante el teletrabajo realizado durante la pandemia del Covid-19; se interrumpió el reposo médico, incluso fuera del horario de trabajo en más de una ocasión.

El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia que rechazó la acción presentada por las hermanas de la víctima directa y desestimó el pago demandado por lucro cesante y daño emergente.

La requirente estima que se vulnera su derecho al debido proceso, toda vez que no le permite hacer valer sus argumentos ante tribunales superiores.

El vehículo fue ingresado al servicio técnico en tres oportunidades, en menos de un mes y una semana de adquirido y, aun así, los desperfectos subsistieron.

Durante el matrimonio, la actora pudo ejercer su profesión, realizar estudios de postítulos y asumir cargos de jefatura, por lo que no cumple con el presupuesto para obtener compensación económica.

El derecho a la presunción de inocencia no es garantía absoluta cuando está de por medio la protección de un niño que ha sido víctima de un presunto abuso sexual.

Impugnación no cumple con explicar suficientemente la aptitud del precepto legal objetado para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución.

Por muy desagradables e incorrectos que nos parezcan los términos utilizados en el tuit, ello no implica que nos encontremos ante una infracción penal.

El pronunciamiento reconsidera lo resuelto por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota.