No obsta el hecho de que las “bromas” o los “chistes” del trabajador en cumplimiento de sus deberes para la empresa conforman una actitud reprochable, pero lo cierto es que tal circunstancia no resulta suficiente para extinguir el vínculo laboral con un dependiente que no contaba con antecedentes disciplinarios previos, sino que además ostentaba una antigüedad de 12 años en la empresa.

La norma permitirá el aumento de la dotación policial en terreno en los lugares que más lo necesitan.

El bien jurídico que se protege con la normativa aplicable, radica, en lo que a la realización de actividades privadas se refiere, en preservar no solo la necesaria objetividad e imparcialidad de dicho personal que puede quedar comprometida con el desempeño de actividades relacionadas con la función, sino en asegurar la dedicación que resulta exigible a los mismos en la normativa que regula su régimen jurídico.

Los actores acusaron que el Tribunal Supremo de la colectividad les aplicó la sanción de expulsión en un procedimiento en que no se les permitió ejercer su derecho a defensa, ni presentar pruebas, vulnerando con ello el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

En un principio, la magistratura acogió el arbitrio al estimar que la ocupación era ignorada por el dueño del predio, decisión que fue revertida por el máximo Tribunal al observar que el demandado era tío del actor, así como el anterior dueño del inmueble ubicado en la comuna de Teodoro Schmidt.

Al circunscribir el concepto de «accidente», en el sentido del artículo 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, a un conjunto de acontecimientos intrínsecamente relacionados que se suceden, sin interrupción, en el espacio y en el tiempo, esta disposición permite que los pasajeros sean indemnizados fácil y rápidamente.

El acusado intentó anular la sentencia alegando que la policía no advirtió el derecho que tenía su hermana de negarse a declarar en contra de un familiar, circunstancia que fue desechada por el máximo Tribunal al verificar la situación de flagrancia en la que se encontraba el imputado.

CFA sugiere incluir el principio de sostenibilidad fiscal, así como una serie de perfeccionamientos sobre cómo se abordan diversas materias, entre ellas, la iniciativa presidencial de gasto; la gestión presupuestaria; las finanzas públicas subnacionales; el control de presiones de gasto público originadas por los tribunales de justicia; las reglas fiscales; la información y apoyo técnico para las políticas y finanzas públicas, y la responsabilidad fiscal en empresas públicas.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la de primer grado que acogió la acción.

En la sentencia, el juez estableció la responsabilidad de la recurrida por la negligencia y falta de servicio en que incurrieron tanto en el hospital de Galvarino como en el de Lautaro, al no haberse ordenado la hospitalización inmediata de la paciente.