Se aprobaron una serie de indicaciones consensuadas entre las y los diputados y el Ejecutivo, en cuanto a sumarios y suspensión de obras.
La Organización Internacional de Estandarización (ISO) que se encarga de elaborar normas de estandarización de diferentes actividades publicó recientemente la nueva norma ISO 24495-1:2023 sobre lenguaje claro.
Es de esperar que ambos aparatos diplomáticos logren, a partir de este 13 de julio del 2023, crear un clima propicio para el acercamiento, el diálogo y la concertación. Para ello, las declaraciones oficiales en estos próximos días serán de gran importancia, así como la mesura y ponderación que contengan. En efecto, desde 1980, la contienda entre Nicaragua y Colombia ha afectado significativamente a varios Estados que pertenecen al Mar Caribe.
Es necesaria una transformación de las reglas del juego que viene desde lo constitucional y que debe trasuntar a todo el ordenamiento jurídico. Así, la iniciativa busca incorporar desde una posición de auténtico sujeto de derechos a las comunidades indígenas en la administración de algunas de las actividades susceptibles de definición estatal.
Más de 12 años han pasado desde la expedición de la primera sentencia de la Corte IDH sobre el golpe de Estado en Uruguay, el caso Gelman, el 24 de febrero de 2011, en la que se responsabilizó al Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, así como por la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García.
Los organizadores y participantes de este deporte deberán promover la protección de la salud y bienestar de los animales que participen en las actividades deportivas.
Es claro que empleador y trabajador se encuentran en situaciones de desigualdad, al estar el segundo sujeto a un vínculo de dependencia y subordinación respecto del primero. En este contexto, al excluir la procedencia del abandono del procedimiento, el legislador persigue una finalidad que es legítima: no solo busca asegurar la vigencia de la igualdad ante la ley, sino que además da vigencia a la protección al trabajador.
El máximo Tribunal observó que la magistratura erró al considerar prescrita la acción de cobro, debido a que no transcurrieron los 3 años de plazo indicados en los artículos 2514 y 2521 del Código Civil, contados desde la fecha en que la cuota del crédito se hizo exigible en 2019.
La obligación establecida en los artículos 39, 396 y 405 del Código Procesal Penal, debe ser cumplida por la magistratura aun cuando el delito sea de acción penal privada y el resultado de la decisión sea la absolución, pues de omitir dicha exigencia, el tribunal priva a los intervinientes de ejercer su derecho a recurso al desconocer los fundamentos del fallo.
¿La exigencia del condón desvirtúa hipótesis de violencia sexual? ¿Sin resistencia hay consentimiento? La autora analiza una sentencia colombiana que resuelve estas preguntas.
