El recurrente alegó que durante el juicio no se registraron las declaraciones de uno de los funcionarios policiales que participó en la detención del acusado, infringiendo el debido proceso. Sin embargo, no pudo argumentar cómo este hecho puntual influyó en la decisión de condenar al encartado.

La requirente alega que la aplicación de esta norma vulnera su derecho al debido proceso y adecuada defensa, la igualdad ante la ley, entre otras garantías constitucionales.

Para evitar decisiones contradictorias. El principio de eficiencia repugna a la adopción de idénticos remedios por órganos estatales diversos.

La Corte de Concepción señala que la conducta de la recurrida es censurable porque en su calidad de apoderada pudo acudir a los canales regulares para denunciar la conducta que reclama a la actora y no atacarla con insultos y amenazas a través de redes sociales.

Una vez que el fallo que condenó a quien se le usurpó su identidad quedó ejecutoriado, Carabineros detuvo al verdadero malhechor quien cometió una serie de delitos haciéndose pasar por el recurrente, poniendo al verdadero imputado a disposición de la justicia por el delito de usurpación de identidad.

Estableció la vulneración de derechos fundamentales de los internos del recinto penal, al verificar que existe un único patio, común a todos los internos y que solo algunos tienen acceso al mismo, entre otras deficiencias, lo que no se condice con la obligación de proporcionar a las personas privadas de libertad un trato digno y humanitario.

El connacional, es sindicado por su presunta participación en una red criminal dedicada a traficar estupefacientes hacia Argentina a través del paso Cristo Redentor. En abril de 2012 fue sorprendido por personal policial trasandino, en la provincia de San Luis, ingresando marihuana y cocaína escondidas en su vehículo.

El máximo Tribunal invalidó de oficio la sentencia recurrida de queja dictada por la Corte de Santiago, que acogió el reclamo de ilegalidad que impidió la entrega de dicha información. Sin embargo, ordenó retrotraer el proceso al estado de notificar a los terceros afectados por solicitud de información inicial.

El requirente alega que al permitir la norma legal objetada la notificación del deudor en un lugar diferente a su domicilio se afecta su derecho a defensa y vulnera la igualdad ante la ley.

La exigencia de deshacerse de uno de ellos descansa únicamente en una prohibición contenida en el Reglamento de Copropiedad que se extralimita en su regulación, sin expresión de los hechos concretos que fundamentan la solicitud.