«el precepto impugnado al limitar las indemnizaciones pecuniarias concediéndolas sólo cuando resulte acreditado el respectivo daño emergente o el lucro cesante, impide el íntegro resarcimiento del daño efectivamente ocasionado, por expresiones contrarias a su honra»

la condena del señor Kimel por el delito de calumnias no cumplió con los “requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, ya que éste sólo ejerció su libertad de expresión

“que de este modo, no existe por parte de Gendarmería de Chile ninguna actuación que pueda ser estimada como arbitraria o ilegal que permita a esta Corte intervenir de la forma como se ha solicitado en el recurso de protección, el cual no podrá prosperar y será desestimado”.

“que esa situación implica que la impugnante no cuestiona, ergo acepta, la decisión contenida en la sentencia cuya nulidad postula, en cuanto al acogimiento de la demanda basada en la responsabilidad en régimen contractual que se le imputó y se ha tenido por comprobada».

«el sistema electoral binominal establecido por la ley N° 18.700, el cual es su clara inconstitucionalidad, dado los claros términos en que se expresa el artículo 18 de la Constitución Política de la República”, esto es, la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos».

«la aplicación de la disposición impugnada no resulta decisiva en la resolución de la gestión pendiente, desde el momento en que la sentencia de primera instancia funda el rechazo de la demanda en la no acreditación del vínculo de subordinación y dependencia y el recurso de nulidad que la impugna, en la fundamentación de las distintas causales que invoca, no se refiere en parte alguna al precepto impugnado en el presente requerimiento».

“agilizar y perfeccionar la carrera funcionaria mediante un adecuado nivel de rotación del personal”.

el artículo 23, inciso tercero, del D.L N° 3.063 sostiene que “el Presidente de la República reglamentará la aplicación de este artículo. Ello no es más que la aplicación de la potestad reglamentaria de ejecución de la ley que todo cuerpo legal envuelve.»

“el que ante el Ministerio Público, sus órganos auxiliares o los tribunales de justicia, con conocimiento de su falsedad, impute a otro la comisión de un delito falso o de uno verdadero actualmente perseguible de oficio, pero del cual el imputado no es responsable, sufrirá las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.

“atendida la necesidad de regulación de estas actividades, actualmente en terreno difuso, se debe transparentar la situación de los establecimientos que cuentan con las denominadas “máquinas ilegales” o “máquinas de destreza”