Los habitantes de San José reciben recursos hídricos de camiones aljibes del municipio de Cabildo y abastecimiento del Servicio Sanitario Rural Los Molinos, cumpliéndose el parámetro establecido por el máximo Tribunal sobre acceso al agua potable al sobrepasarse la media de 100 litros diarios por persona.

La ley de Transparencia 20.285 establece herramientas recursivas especiales para estos casos.

Más allá de la significación penal que en definitiva corresponda asignar a los hechos denunciados, confluyen en el presente una serie de circunstancias que impiden descartar, al menos de momento, la existencia de conductas en infracción a la ley de sanción y prevención de la trata de personas.

La generalización de la condición o el estatus migratorio de las personas que desean ingresar al territorio de un tercer país puede suponer el incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en la propia Constitución o en los tratados internacionales ratificados por el Estado.

La ciudadanía implica un ejercicio responsable de los derechos reconocidos por la Constitución y el cumplimiento de ciertos deberes que exige la convivencia en sociedad y la pertenencia a la Nación Chilena.

La demandada no tiene obligación de indemnizar los perjuicios derivados de la desocupación del inmueble, dado que las obras perjudicaron a todos los vecinos por igual, quienes no han podido disfrutar de su piso mientras han durado los trabajos. Además, la rehabilitación integral ha redundado en un beneficio para toda la comunidad revalorizando un edificio que estaba en estado semiruinoso.

De acuerdo con la encuesta CEP (abril-mayo 2022) se puede desprender que a lo menos un 70% de la población considera que diversos temas relacionados con seguridad pública (violencia, delincuencia, narcotráfico, crimen organizado, etc.) deben ser una prioridad para el gobierno.

Cuando los hechos en cuestión son del conocimiento exclusivo de las autoridades, la carga de la prueba recae en estas y por ello están obligadas a proporcionar una explicación satisfactoria y convincente.

Con el resultado del plebiscito los chilenos rechazaron la propuesta que establecía convertir a Chile sólo en un Estado Social y Democrático de Derecho.

En el debate en la comisión, el Ejecutivo se comprometió a presentar nuevas indicaciones que permitirían aumentar el número de tramites “desnotarizados”.