(…)se advierte que ésta se fundó precisamente en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil y “fueron los sentenciadores quienes aplicaron un derecho diferente”.
El recurso denunció la infracción de una serie de normas del Código Civil, referidas a interpretación de la ley y prescripción extintiva, por falta de aplicación; como también de los artículos 4° y 5° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 7° al 10° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; entre otras disposiciones de carácter internacional.
Ésta sostiene que el único caso en que tendría sentido la prohibición de reformatio en peius, es en el segundo juicio actualmente en tramitación, pues, arguye, nunca la resolución que acoja un recurso de nulidad implicará, ante la Corte, una posibilidad de reforma en perjuicio, ya que ésta no puede dictar sentencia de reemplazo.
De aceptarse la tesis contraria, concluye al requerimiento, se establecería un precedente absolutamente reñido con el régimen presidencial contemplado en nuestro ordenamiento constitucional.
«la eventual inconstitucionalidad de las normas cuestionadas resulta más evidente si se tiene en consideración que aquel tribunal fue el que suspendió la licencia de conducir en las dos causas que dieron origen al proceso de acumulación de infracciones a la Ley del Tránsito»
El Consejo Constitucional de Francia, luego de la solicitud de inconstitucionalidad (“cuestión prioritaria de constitucionalidad”) formulada por las dos requirentes –que actualmente se encuentran unidas bajo la figura jurídica denominada pacto civil de solidaridad–, declaró que tanto el artículo 75, en su inciso final, como el artículo 144 del Código Civil francés, no vulneran la […]
La interposición de los recursos administrativos –antes señalados- interrumpe el plazo para el ejercicio de la acción jurisdiccional.
“tener 20 años de servicio a lo menos en las instituciones a que se refiere el artículo 1° y tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres”.
“la demanda fue rechazada porque no quedó demostrado que el daño alegado haya sido consecuencia de la actuación del Servicio de Salud».
«La requirente sostiene que de aplicársele la norma impugnada se lesionarán –entre otros derechos constitucionales- su igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria en el trato que deben otorgar el Estado y sus organismos en materia económica, la reserva legal y el derecho de propiedad…»
