Las financió con su propio patrimonio y no existe prueba de lo hiciera en representación de un mandante.
El injustificado retardo en la tramitación del proceso conculca la garantía constitucional del debido proceso.
Es cierto que se acreditó que una clienta obtuvo un crédito y que parte de él fue depositado en la cuenta de la ejecutiva demandante, pero ello a lo más constituye un cariz de incumplimiento.
«El hecho de que la medida propuesta sea temporal, fundamentada en una situación excepcional subyacente y, que responda a razones humanitarias y de salud pública, hace posible señalar que la idea legislativa parece lo suficientemente específica y proporcionada como para considerarse razonable», sostiene el informe.
Se recibió la observación que criticaba la falta de explicitación sobre el control judicial de la medida de retorno asistido, en atención a que expresamente se señala en la nueva versión que la medida será impugnable según las reglas del procedimiento de medidas de protección ya mencionado.
Se anunció para alegar, en representación del Consejo de Defensa del Estado, la Abogada Jacqueline Espinoza Ortiz.
La gestión pendiente incide en autos sobre juicio especial hipotecario, seguido ante el Vigesimosegundo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, tramitado ante la Corte de la misma ciudad, por recurso de apelación, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de casación en el fondo.
Recurso perdió oportunidad por la desaparición del hecho que lo motiva.
La Corte sólo declaró admisible la protección respecto al Ministro de Hacienda.
El requirente estima que la disposición impugnada, vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones y el debido proceso.
