“a diferencia de lo que se afirma en el recurso, el fallo impugnado mantuvo los considerandos del fallo confirmado y agregó otros que contienen las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para arribar a la conclusión definitiva en relación a la decisión de acoger la demanda interpuesta”.

«el Estado es responsable de haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros del pueblo Sarayaku, por no haber desactivado totalmente el riesgo generado por la introducción de explosivos en el territorio».

“no permite compatibilizar un pacífico ejercicio de los derechos y libertades de cada uno de los habitantes”.

“un esquema de integración múltiple -jueces de distintas instancias y expertos en gestión- encabezada además por el Presidente de la Corte Suprema, que se reúna un par de veces al año para definir y luego analizar las políticas generales de planificación de la institución”

“En cuanto a que los hechos denunciados necesariamente deben ser conocidos por un Juzgado de Familia pues podrían constituir violencia intrafamiliar, estos sentenciadores la desestimarán teniendo para ello presente el tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el cual señala que la interposición de la acción constitucional de protección es sin perjuicio de lo demás derechos que se puedan hacer valer ante los tribunales correspondientes”.

Se dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 29 y 30 de la Ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales.Los preceptos cuya aplicación se impugna disponen: ”Para el efecto de mantener el carácter ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos, el […]

«los Estados tienen obligaciones específicas en relación a las personas con discapacidades, incluyendo lo relativo a una intervención pronta y temprana, la efectiva cooperación interinstitucional y la adopción de medidas concretas de apoyo a las víctimas».

«tal facultad puede transformarse en una herramienta electoral, donde la asignación de recursos a determinados proyectos puede tener su motivación en ese sentido y no en una evaluación técnica».

“existe un camino vecinal que está proyectado inclusive en el plano confeccionado por el Ministerio de Bienes Nacionales en el año 1982, que sirvió de base y sustento de la compra de su inmueble” y que se constató “la existencia de un camino en buen estado que llega hasta el inmueble de la recurrente y una puerta de alambres con estacas, cerrada con candado”

“La decisión del Banco Estado de bloquear las cuentas a lo menos hasta la fecha del informe de fojas 22 perjudicó al recurrente, desde que se le impidió disponer de su dinero, lo que se traduce en la infracción a la garantía prevista en el numeral 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción intentada habrá de ser acogida”.