El Tribunal de alzada descartó yerro en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que declaró que las demandas constituyen un único empleador para efectos laborales y previsionales, por lo que deberán pagar solidariamente las indemnizaciones por aviso previo y por años de servicio, con recargo legal del 30%; más la devolución de la suma descontada del aporte patronal al fondo de cesantía de la trabajadora.

El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el Juzgado de Garantía de Osorno, que estimó que el querellante carecía de legitimación activa para interponer la acción.

El tribunal, dio por acreditado, que: “Con los antecedentes de diligencias previas de investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas, realizadas por la sección OS7 de Carabineros de Antofagasta, se determinó que un grupo de individuos previamente concertados, transportarían desde la Región de Tarapacá hasta la ciudad de Antofagasta una cantidad indeterminada de drogas”.

Los habitantes de San José reciben recursos hídricos de camiones aljibes del municipio de Cabildo y abastecimiento del Servicio Sanitario Rural Los Molinos, cumpliéndose el parámetro establecido por el máximo Tribunal sobre acceso al agua potable al sobrepasarse la media de 100 litros diarios por persona.

La ley de Transparencia 20.285 establece herramientas recursivas especiales para estos casos.

Más allá de la significación penal que en definitiva corresponda asignar a los hechos denunciados, confluyen en el presente una serie de circunstancias que impiden descartar, al menos de momento, la existencia de conductas en infracción a la ley de sanción y prevención de la trata de personas.

La generalización de la condición o el estatus migratorio de las personas que desean ingresar al territorio de un tercer país puede suponer el incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en la propia Constitución o en los tratados internacionales ratificados por el Estado.

La ciudadanía implica un ejercicio responsable de los derechos reconocidos por la Constitución y el cumplimiento de ciertos deberes que exige la convivencia en sociedad y la pertenencia a la Nación Chilena.

La demandada no tiene obligación de indemnizar los perjuicios derivados de la desocupación del inmueble, dado que las obras perjudicaron a todos los vecinos por igual, quienes no han podido disfrutar de su piso mientras han durado los trabajos. Además, la rehabilitación integral ha redundado en un beneficio para toda la comunidad revalorizando un edificio que estaba en estado semiruinoso.

De acuerdo con la encuesta CEP (abril-mayo 2022) se puede desprender que a lo menos un 70% de la población considera que diversos temas relacionados con seguridad pública (violencia, delincuencia, narcotráfico, crimen organizado, etc.) deben ser una prioridad para el gobierno.