La resolución responde a la consulta realizada por una funcionaria de la Corporación Municipal de Lampa.
Las acciones posteriores al accidente expusieron a la actora a un daño mayor.
Consagra los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
La publicación, de que es autor Matías Pascuali Tello, señala que la técnica legislativa tributaria recomienda que la norma debe establecer claramente al menos los cuatro elementos de un impuesto: el hecho imponible, la base imponible, los sujetos y la tasa, pero el proyecto establece un hecho gravado deficiente y una base imponible poco clara.
Como una iniciativa pionera en el mundo es catalogado el proyecto que busca entregar un mayor estatus a los datos mentales, estableciendo a los neuroderechos como una nueva categoría de Derechos Humanos y otorgar la posibilidad de investigar la mente mediante inteligencia artificial pero sin pasar a llevar la privacidad del paciente.
La publicación, de que son autores Juan Eduardo Coeymans y María Francisca Labbé, señala que nos encontramos en tiempos de definiciones importantes; en varios frentes, nuestra sociedad discute sobre el sistema político, modelos de crecimiento, reglas económicas y las bases de nuestra institucionalidad.
Esto, a propósito de una reciente sentencia del TC que declaró inaplicable esta norma en una gestión pendiente en una demanda de divorcio por culpa, seguida ante el Juzgado de Familia de Coquimbo, en la que se solicitó el término del vínculo matrimonial por uno de los cónyuges, ante el descubrimiento de conductas homosexuales del otro.
Para calificar el desempeño de recurrente no se pueden considerar las licencias por una enfermedad pulmonar pues ello implica incorporar un elemento que no tiene relación con sus aptitudes, cualidades y defectos respecto del ejercicio de su cargo.
El actor llevaba 10 años prestando servicios para la recurrida.
El principio de proporcionalidad es vulnerado si se considera que el monto de la deuda por concepto de prestaciones laborales que se determinó en favor de la ex trabajadora por el término de su contrato fue de $7.941.180, y que luego se haya liquidado la deuda asociada a la nulidad de despido por $25.032.095, que fueron percibidos por la demandante, sin que ella haya prestado servicio durante ese tiempo.
