En un plazo de 10 días debe ordenar la apertura de nuevo sumario, reincorporar al recurrente y pagar las remuneraciones devengadas durante el período que estuvo separado de su cargo.
El trámite se realiza ante el juzgado de letras correspondiente a su domicilio. Pero el juez o jueza debe informar al peticionario de la posibilidad de realizar el procedimiento administrativo ante el Servicio de Registro Civil e Identificación si lo que desea es solo cambiar el orden de los apellidos.
El Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar llegó al Tribunal luego que el Comité de Ministros rechazara su recurso de reclamación en contra de la resolución de calificación ambiental favorable del proyecto.
El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago establece que todos los años, en la época de mala ventilación atmosférica, se apliquen acciones para contrarrestar los episodios críticos, como la restricción vehicular, medida fiscalizada por la Seremi de Transportes; la prohibición del uso de calefactores a leña en toda la región, medida fiscalizada por la Seremi de Salud; o la paralización de industrias que no cumplan con su plan de reducción de emisiones, medida que fiscaliza la SMA directamente.
La Sala de la Cámara de Diputados pide la concreción de un subsidio para contrarrestar las sucesivas alzas en el precio del pan y otros alimentos a base de harina de trigo.
En lo principal, se busca endurecer la regulación aplicada a los escapes masivos de salmónidos desde centros de cultivo. Asimismo, avanza en mejorar la transparencia y la información del sector acuícola.
El requirente alega que genera una discriminación arbitraria y vulnera la igual protección ante la ley, el acceso a un procedimiento racional y justo, y su derecho de propiedad.
El recurrente sostiene que la cuenta que tiene un error derivado del cambio de medidor y que el corte del suministro constituiría un acto de autotutela ilegítima.
El Gobierno buscar reafirmar su compromiso de respetar la propiedad de los fondos de pensiones ahorrados en las cuentas de las y los trabajadores(as) que se rigen por el Decreto Ley N°3.500 de 1980.
El requirente estima que no puede controvertir una sanción injusta y desproporcionada, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
