Al momento de notificar la medida de prohibición de acercamiento a su cónyuge y compeler a abandonar el hogar común, Carabineros se percató de la tenencia de un arma de fuego sin permiso y detuvo al imputado que reconoció la propiedad de la especie.

Si una acción de protección ha sido admitida, la Corte debe dictar sentencia sin que se pueda volver a analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, conforme a la regla de preclusión. Sin embargo, si previamente no se han agotado todas las vías procesales será menester aplicar una excepción a esta regla.

El Fisco no atacó la aplicación del artículo 98 de la Ley N°18.092 al cuestionar la declaración de prescripción de una deuda de estudios que al tenor del artículo 13 de la Ley N°20.027 es imprescriptible.

El delito de tráfico de estupefacientes es de ámbito federal, mientras que la tenencia ilegal de armas es de índole común.

El derecho a la igualdad, a la legalidad penal, a la libertad y seguridad, a la intimidad, honor y propia imagen son los derechos constitucionales más invocados.

El proyecto considera una tipificación del delito acorde a los estándares internacionales sobre derechos de los niños y considera penas más severas. Se termina con el concepto de la denominada «prostitución infantil».

Así lo confirmó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde tras participar en la reunión en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric y representantes de partidos.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer el actuar arbitrario, desprovisto de razonamiento y motivación suficiente, de la recurrida al no dar lugar al desistimiento.

El máximo Tribunal estableció error jurisprudencial en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al considerar que no estaba acreditado la ocurrencia del accidente laboral.

El máximo Tribunal estableció que el actuar de la empresa vulnera el derecho de la comunidad a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo que ordenó, entre otros, a la Seremi de Salud del Maule realizar una nueva fiscalización con el objeto de determinar si la recurrida cumple con las condiciones impuestas en la resolución de calificación ambiental, en relación a la emisión de malos olores de riles sin tratar.