El estándar probatorio que se considera al momento de decretar la medida cautelar es diferente a aquel que se tiene en vistas al dictar el sobreseimiento definitivo, debido a que son dos estadios procesales diversos, por lo que la prisión preventiva siempre es de carácter temporal y revocable, según los mejores antecedentes que puedan aportar los intervinientes.

La sentencia debió contener razonamientos que justificaran su opción, pues en caso contrario, al asilarse en la mera formalidad de la falta de prueba directa, no es capaz de reproducir el razonamiento utilizado para alcanzar sus conclusiones y con ello incumple la exigencia básica del artículo 297 del Código Procesal Penal.

Frente a la ocurrencia del accidente que afectó al niño, consta que el establecimiento educacional realizó la investigación interna que finalizó con una serie de medidas tendientes a evitar la reiteración de los hechos.

El auto de apertura de juicio oral produce, en lo pertinente, el efecto de zanjar la discusión relativa a la conformidad de las pruebas ofrecidas con los derechos y garantías fundamentales, con efecto de cosa juzgada.

Durante el primer semestre del año 2015, la acusada ordenó a la directora del establecimiento dejar en blanco las ausencias de alumnos, de esta forma adulteró los libros de clases para registrar 503 asistencias inexistentes de diversos estudiantes, y así percibir un mayor monto de subvención escolar.

Ley N° 21.353 solo consideró medidas tributarias para apoyar a este grupo de empresas.

El poder liberatorio se restringe a todo aquello en que las partes han concordado expresamente y no se extiende a los aspectos en que el consentimiento no se formó, sea porque una de las partes formula la reserva correspondiente, sea porque se trate de derechos u obligaciones no especificados por los comparecientes, sea por cualesquiera otras razones que el entendimiento humano pudiera abarcar.

Si bien cada situación debe ser analizada en particular, la regla general indica que los atrasos o ausencias de los trabajadores afectados, califican como circunstancias imponderables, que no deben ser sancionados.

La PDI prohibió su salida por tener el pasaporte vencido, en circunstancias que es un hecho conocido las dificultades que enfrentan aquellos ciudadanos para renovar el documento. La Corte resaltó que la actora no mantenía arraigos ni prohibiciones de egreso vigentes, y que su visa humanitaria para viajar a Estados Unidos estaba próxima a caducar. Dejó sin efecto la medida y permitió la salida de la amparada del país.

Aun cuando su único interés sea el derecho a vivir bajo el imperio de la ley o el deseo que la Administración actúe con apego a la ley.