El máximo Tribunal estableció falta de servicio del municipio sostenedor, al no brindar condiciones seguras para los educandos en el establecimiento.
No concurre omisión ilegal o arbitraria alguna por parte de la Armada que haya vulnerado la garantía constitucional alegada.
De igual manera los hechos denunciados vulneran el derecho de propiedad del actor, toda vez que al incurrir la Municipalidad en un acto arbitrario e ilegal privó al funcionario de su derecho a las remuneraciones por todo el período de contratación.
El Tribunal debió responder a cada una de las peticiones y no hacer una resolución genérica que no se hace cargo estrictamente de lo pedido.
En uso del principio de colaboración armónica de los poderes públicos, la Corte instó al legislador a regular las situaciones de vulnerabilidad en que quedan las mujeres tras el divorcio, especialmente, cuando las afectadas son mujeres de edad avanzada.
El desarrollo de una actividad económica debe desarrollarse conforme a las reglas que el ordenamiento jurídico contempla como regulación de esa actividad.
El Estatuto Docente regula íntegramente esta modalidad contractual. Al considerar aplicables las normas del Código del Trabajo relacionadas con los efectos pecuniarios del término de la vinculación, como si se tratara de un despido injustificado, se incurrió en una errada aplicación del derecho.
Las reclamantes fueron inscritas en una circunscripción que no les correspondía, por lo que privaron a los asociados de ejercer el derecho de elección de sus representantes.
La Ley N°19.070 prevalece por criterio de especialidad respecto del Código del Trabajo.
El Tribunal Constitucional de Perú restituyó el indulto humanitario del ex Presidente, por lo que se esperaba su pronta liberación.
