El Tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra la decisión de amparo, adoptada por el CPLT, al compartir que la información solicitada es genérica, voluminosa y su recopilación obligaría a distraer de sus labores habituales a funcionarios de la repartición.

Respecto al reproche del artículo 117 N° 3 de la Ley de reorganización, la Sala declaró su inadmisibilidad por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 6 de la LOCTC.

Requeridos al efecto, el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública informaron sobre la materia, señalando que la ley N° 21.040 no distingue si los inmuebles afectos a la prestación del servicio educacional fueron adquiridos a título gratuito o a título oneroso.

El alto Tribunal brasileño manifestó que, al frenar los efectos del decreto, el objetivo de la Cámara Legislativa del DF era impedir la aplicación de la ley distrital, imponiendo un obstáculo a la protección de las personas contra conductas discriminatorias por su orientación sexual.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Arguye que falta al requerimiento el quorum exigido por la LOC de Municipalidades – a lo menos, un tercio de los concejales en ejercicio, ya que 3 de los concejales que presentaron el requerimiento han renunciado a su cargo.

La demanda relata que, a los pocos meses de adquirida la vivienda se comienzan a oler hedores insoportables que venían de la tierra, el piso comenzó a deteriorarse y deciden hacer reparaciones. En ese momento, notaron que debajo de la tierra había basura en descomposición.

Se dictaron ocho medidas para cumplir rigurosamente con el plan de mitigación, rescate y relocalización al que se había comprometido el titular.

Destacaron la importancia de la participación de la ciudadanía y que se sienta convocada por alguno de los pactos que están defendiendo en las 16 regiones del país a sus candidatos o candidatas definitivas.

El máximo Tribunal consideró que erraron los integrantes de la sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, al anular la resolución del Primer Juzgado de Policía Local de la ciudad, instancia competente para resolver la materia.