La percepción de pánico, el miedo, los disparos y el estrés postraumático sufrido, formaban parte del trauma experimentado por los testigos de las consecuencias del delito y no las lesiones de una víctima directa de la comisión de un delito.

No es admisible la publicación del nombre, cargo y casilla de correo de una persona, si este no autorizó previamente su difusión al público ni se justificó en un texto legal que expresamente lo habilite.

Atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta como ilegal y/o arbitrario, tal cuestionamiento debe ser esclarecido y declarado en un procedimiento de lato conocimiento. Además, la controversia se encuentra planteada en la justicia civil ante la cual se persigue el cobro, por lo que se encuentra ya bajo el amparo del derecho.

La división entre el relato y la opinión de las periodistas está plenamente diferenciada y, por ende, no vulneraron los derechos fundamentales del accionante. El reportaje reprodujo denuncias reservadas y anónimas sobre violencia sexual, que es un discurso constitucionalmente protegido. Demostraron un trabajo investigativo serio, como el que exige la jurisprudencia en torno al estándar de veracidad.

Los actores alegaron que producto de la errada e inoportuna información del proveedor, no pudieron abordar su vuelo ni acceder al cambio de pasajes. Sin embargo, la denunciada atribuyó los problemas acontecidos a los propios usuarios.

La Ley N° 18.575 permite que los servidores ejerzan libremente cualquier profesión u oficio, siempre que sea conciliable con su posición en la Administración del Estado y se desarrolle fuera de la jornada laboral para no perturbar el oportuno cumplimiento de su deber funcionario.

La responsabilidad jurídica de todos los autores y partícipes de los numerosos delitos que atentan contra el Estado Democrático de Derecho debe determinarse con absoluto respeto a los principios del Debido Proceso Legal y del Juez Natural, sin distinción alguna entre servidores públicos civiles o militares.

Derivó la petición a la Dirección General de Movilización Nacional y al Ministerio de Defensa para que expliquen los motivos de porque existe una sola Comisaria encargada del control de armas en la Región Metropolitana.

La privación de libertad del amparado se funda en una decisión que fue adoptada por la autoridad correspondiente, dentro del ámbito de su competencia.

Para proteger, preservar y contribuir a la conservación de la flora y fauna características del Salar del Huasco, en especial las amenazadas. Se disponen acciones permanentes que permitan asegurar sus procesos evolutivos y la biodiversidad presente en el área, en un marco de gestión participativa.