El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar deducida tras constatar que la redestinación del personal médico fue adoptada por la autoridad administrativa facultada.
El Tribunal de alzada confirmó que la información solicitada por Ley de Transparencia tiene el carácter de reservada, por lo que su divulgación podría afectar los intereses y derechos comerciales o económicos de las compañías que operan en el mercado de seguros.
Por un año más estos profesionales podrán prestar sus servicios siempre con el compromiso de rendir las pruebas que validen su experiencia. Lo propio deberán hacer los médicos generales.
La propuesta busca generar políticas públicas que promuevan las medidas necesarias, para que los y las estudiantes accedan al material educativo de sus establecimientos educacionales vía remota.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados, en el caso concreto, vulneran su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.
Debe pagar 30 millones de pesos. El recinto ya había sido sancionado en 2016 por episodios de acoso escolar sufridos por los hijos de la demandante, dos menores de edad diagnosticados con trastorno de espectro autista.
El Edil no puede interpelar directamente al responsable del medio de comunicación, haciendo imputaciones y publicando datos personales que no dicen relación con el diario, si se sintió aludido por este último.
El Consejo adoptó esta decisión dado que la Subsecretaría no dio respuesta al solicitante y tampoco efectuó descargos u observaciones una vez conocido el amparo en su contra.
Los jueces de fondo desestimaron la prueba aportada por el demandante en segunda instancia sin expresar los razonamientos de hecho y de derecho para arribar a su decisión.
De acuerdo al principio de primacía de la realidad, se demostró que prestó sus servicios en forma subordinada. En consecuencia, había celebrado un contrato laboral a plazo indefinido que amerita protección constitucional dado que el recurrido desnaturalizó su contenido.
