El pasado 02 de diciembre, Sergio Baerswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), presentó ante los convencionales de la comisión Derechos Fundamentales N°14, propuestas para establecer una Vivienda y Ciudad Sostenible en la nueva constitución.
En todos los casos, los fiscales y jueces se enfrentaron a procesos dictados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que concluyeron con resoluciones de no ratificación en sus cargos.
Tras no considerarse la temática del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, representantes de fundación sin fines de lucro ingresaron una norma a través del sistema de participación popular.
La operación de concentración está sujeta al cumplimiento de medidas de mitigación.
Todos los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de los medios electrónicos establecidos por la ley, salvo las excepciones legales.
Los senadores Huenchumilla y Quintana impulsaron esta iniciativa que precisa el alcance del concepto “falta de servicio” de modo que tanto víctimas de la violencia estatal, como aquellos actos de violencia no protagonizados por el Estado sean objeto de compensaciones por daños físicos, morales, materiales o patrimoniales.
El máximo Tribunal estableció que la autoridad no puede limitar la libertad de culto si – al mismo tiempo- permite la realización de otras actividades con aforos delimitados.
El máximo Tribunal desestimó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda, con declaración que se eleva a $6.000.000, el monto que la empresa Seguros CLC SA, deberá pagar al demandante por concepto de daño moral.
El máximo Tribunal aprobó la normativa tras recibir los informe elaborado por la Comisión de Apoyo a la Tramitación Electrónica y de la encargada de la implementación de la Ley N° 21.394, con el objetivo de propender a la continuidad del servicio judicial.
El Tribunal de alzada anuló la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol y ordenó la realización de un nuevo juicio por jueces no inhabilitados, tras establecer que la resolución impugnada no justificó que concurran en la especie, la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y la existencia de una agresión ilegitima actual o inminente.
