Se solicitó emitir un pronunciamiento al Contralor General de la República –por parte de la Superintendencia de Quiebras– a fin de que determinara si cuenta con atribuciones para modificar un registro que se encuentra a su cargo.
Se interpuso recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó la de primera instancia.
La ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Adriana Sottovia, dictó auto de procesamiento.
La gestión pendiente invocada incide en autos criminales sustanciados ante el Juzgado de Garantía de Temuco, en actual conocimiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad.
Se consultó a la Contraloría General de la República –por parte del diputado Latorre- acerca de la aplicación al Presidente de la República de los pronunciamientos emitidos por esta Entidad de Control en materia de elecciones.
Se impugnó ante la Contraloría General de la República el concurso público desarrollado por la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
Se dedujo amparo de acceso a la información, en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
La Cámara de Diputados aprobó –por 40 votos a favor– el proyecto de acuerdo, suscrito por los diputados Espinosa, Lemus, Latorre, Girardi, Carmona, Jiménez, Vilches, Rojas y Núñez.
La moción del senador Navarro comienza dando cuenta de un conjunto de cifras que revelan las importantes desigualdades de ingreso que persisten en nuestro país.
El acusado fue condenado a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, en su calidad de autor del delito previsto y sancionado en el artículo 150 A del Código Penal.
