El Tribunal rechazó la alegación de un empresario, condenado en noviembre de 2015 por delitos de alzamiento de bienes y estafa, por una Sala de la que formó parte una Magistrada que, en junio de 2015, había integrado también la Sala de la misma Audiencia.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que condenó al centro de salud a pagar una indemnización de $25.000.000 a paciente que recibió un mal tratamiento por embarazo con aborto retenido.
El máximo Tribunal acogió la acción cautelar presentada por Ivo Céspedes Cabrales, quien fue suspendido por 180 días tras publicar comentarios en Facebook.
La sentencia establece la responsabilidad de empresario agrícola Manuel Palza Bravo y Empresa Eléctrica de Arica (Emelari) en el deceso de los trabajadores, por no proveer las medidas mínimas de seguridad.
Yolanda Rodríguez, doctora en ciencias de la información, señala que no existe una manera única de gestionar mejor el tiempo, pero sí una serie de principios que pueden ayudar.
El Tribunal acogió la acción judicial presentada por las demandantes, y ordenó al Banco Santander pagar una indemnización total que supera los 27 millones de pesos, tras establecer la ilegalidad de los despidos.
La Contraloría concluye señalando que en el caso de la recurrente procede aplicar la preceptiva y jurisprudencia vigente al momento de adoptarse la decisión de no renovar su contrata por todo el año 2016.
Fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la «oferta económica completa, presentada por el Consorcio Besalco Arrigoni Montajes- Brundl.
Concluye la Contraloría señalando que, de la documentación examinada, no ha sido posible apreciar si tales acciones fueron realizadas al margen del desempeño de la función pública, y utilizando recursos y bienes propios.
La Contraloría hace presente que el interesado carecía de la calidad de estudiante en la época en que le fueron enviados los correos que aludían a la “Actividad Formativa Equivalente a Tesis».
