El máximo Tribunal estableció que el recurrente no cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma, suscrito por Chile, para conceder la libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la resolución de base que acogió la demanda principal de nulidad absoluta de testamento y desestimó la acción reconvencional de revocación de testamento.

El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a la demandada pagar a la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel, la suma de $71.188.033, por concepto de daño patrimonial emergente.

El Tribunal ordenó a la demandada pagar una indemnización total de $11.447.836 por concepto de lucro cesante y daño moral, tras establecer la responsabilidad de la empresa en el accidente.

El proyecto permitirá complementar la legislación que regula el intercambio de órganos, esto es la ley de donante universal y la donación cruzada, pero en esta oportunidad se busca permitir este acto considerando la relación que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer.

La gestión pendiente incide en autos sobre acción de desposeimiento, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Iquique.

Lo contrario llevaría al absurdo de admitir que se entregue una patente de venta al por menor y que el contribuyente se encuentra habilitado para funcionar con un giro distinto.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Brahm y del Ministro Letelier quienes estuvieron por declarar admisible el requerimiento deducido, en tanto no se aprecia la configuración de ninguna de las causales de inadmisibilidad que prevé el artículo 84 de la LOCTC.

El censo se utiliza para determinar cuántos miembros del Congreso tiene cada Estado en la Cámara de Representantes y para calcular la participación del gobierno local en un fondo de 1.5 trillones de dólares que financia muchos programas federales; entre otros fines.

Para que una persona pueda ser considerada trabajadora de otra debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 del Código del Trabajo.