Estas condiciones son conocidas por el prestador y no pueden servir como excusa para el cumplimiento de su obligación de mantención de la red eléctrica y continuidad de un servicio esencial.
La restricción a cualquiera de las dimensiones del derecho a la educación, debe perseguir una justa causa y tiene que estar debidamente expuesta y justificada, bien por el legislador o bien por las entidades encargadas de garantizar el servicio de educación, so pena de derivar en arbitraria.
Según el artículo 41 del DFL N°850, la empresa debe costear los gastos de traslado de la red eléctrica si la Dirección de Vialidad así lo dispone para efectuar trabajos en los caminos contiguos a la franja donde estuviere instalada.
Los jueces de fondo desestimaron la prueba aportada en segunda instancia sin expresar los razonamientos para reducir el plazo de duración de la servidumbre y aumentar el monto indemnizatorio.
El recurrente no acreditó los fundamentos de su postura al contestar la demanda de nulidad de testamento, por lo que el recurso de casación en el fondo no es la vía idónea para modificar un hecho asentado en juicio, cual es, la inhabilidad para testar del causante.
El llamado anónimo dio cuenta de dos individuos que trasladarían droga en un bus desde La Serena hasta Antofagasta, y es un indicio ajustado a derecho que sirvió de refuerzo a los controles que habitualmente realiza Carabineros en las carreteras.
Los mandatos culturales y sociales de corte patriarcal, de alguna manera, impulsan, legitiman o justifican este tipo de conductas que, paradójicamente, y como en el presente caso, terminan perjudicando a su destinatario.
En determinados casos, el grado de desamparo en que quedan los familiares del migrante debe ser considerado una injerencia arbitraria e irrazonable al derecho a la protección de la vida familiar. Si en estas hipótesis se incluyen menores de edad, la reunificación es decisiva en virtud del interés superior del niño.
El municipio actuó al amparo de la jurisprudencia de Contraloría General al respecto, que autoriza el término anticipado producto de la contingencia del Covid-19, siempre que estén al día las remuneraciones y pagos de la seguridad social.
La Ley N°21.081 que entrega facultades de fiscalización al SERNAC, establece en un artículo transitorio un cronograma para la entrada en vigencia de esa ley, pudiendo ejercerse labores de fiscalización en la Región de la Araucanía sólo después de 18 meses de publicada la ley en el Diario Oficial.
