Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil.La gestión pendiente invocada incide en un juicio laboral de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en el cual se han formulado diversas incidencias, obligando a la demandante a consignar para promover incidentes.La Primera Sala del TC declaró admisible el requerimiento […]

“la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita”.

«sus fundamentos de hecho se encuentran fuera de los casos y formas a que se refiere la preceptiva cuya aplicación se impugna, cuyo texto alude sólo a la exclusión de prueba por vulneración de derechos fundamentales, mas no a la agregación, ni a razones de pertinencia ni de oportunidad».

“la calificación de “urgencia” y de “riesgo vital” como la de “paciente estable” son actos formales que deben ser realizados por un médico cirujano en la primera atención médica en que la persona sea atendida o cuando se produzca un cambio significativo en su estado de salud como al de paciente estable, y una vez que ésta última declaración se haya formulado surge la obligación para el Servicio de Salud de instar por el traslado del paciente al centro asistencial de la red de salud que determine o a su domicilio, según sea el caso, ello a menos que la paciente o quien represente su voluntad o intereses manifieste en forma clara y expresa su decisión de seguir en el centro asistencial al que ingresó de urgencia”.

«no se identifica la disposición constitucional que se supone infringida ni tampoco se especifica suficientemente cuál es la norma cuya aplicación se impugna».

“que habiéndose acreditado la falta de servicio en que incurrió la demandada y la relación de causalidad entre ésta y los daños sufridos por los actores, atento lo que dispone el artículo 38 de la Ley Nª 19.966, es que se dará lugar a la demanda respecto del daño emergente y daño moral alegado, y se condenará a la demandada al pago de los montos que por dichos conceptos se establecieron en los considerandos séptimo y octavo respectivamente”

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 8º, numeral 9º, segundo párrafo parte final de la Ley Nº 18.101, que fija normas sobre arrendamiento de predios urbanos.La gestión pendiente invocada es un juicio de arrendamiento seguido ante el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda declarando terminado el contrato de arrendamiento […]

“que es necesario consignar que la sucesión de hechos que constituirían la infracción denunciada culmina conforme al denuncio de fojas 1 con las conductas ejecutadas durante las dos primeras semanas de diciembre del año 2011 –circunstancias no contradichas por los denunciados- en tanto el recurso aparece interpuesto el 30 de marzo de 2012, esto es, dentro del término para deducir el mismo, lo que determina que este Tribunal declare que fue presentado dentro de plazo”.

“su titularidad recae precisamente sobre un “permiso”, es decir, una autorización para construir un proyecto inmobiliario en las condiciones allí expresadas, y que, a su vez, se funda en las atribuciones conferidas a la Dirección de Obras Municipales por la Ley General de Urbanismo y Construcciones en atención a las circunstancias de la época y a las exigencias previstas en ese momento».

«no puede permanecer ajeno a la realidad social y hoy existen datos cuantitativos contenidos en estadísticas oficiales, que confirman que en España existe una amplia aceptación social del matrimonio entre parejas del mismo sexo, al tiempo que estas parejas han ejercitado su derecho a contraer matrimonio desde el año 2005».