La Corte Suprema señaló, quedó en evidencia que lo impugnado por el recurrente no es la ausencia de las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo, sino la circunstancia de que el razonamiento jurídico condujo a un pronunciamiento que le es desfavorable.

El máximo Tribunal andino señaló que, no quedó probado que la sentencia haya sido notificada al demandante en su domicilio procesal, con las formalidades establecidas en el artículo 161 del Código Procesal Civil.

El municipio afectado alega que la limitación temporal de la entrada de la población flotante en la ciudad, se justifica debido al gran flujo de personas que van desde São Paulo, epicentro de la pandemia en el país.

El tribunal consideró que la exigencia de inscripción en el registro de parejas de hecho no puede ser sustituida por la aportación de certificados de residencia.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Corte declaró inadmisible la acción cautelar, tanto más si al reprocharse una omisión en el libelo se alude a las resoluciones que al efecto se han dictado estableciendo mínimos de litros de agua diarios a ser entregados, lo que demuestra que la impugnación excede los fines y naturaleza del recurso de protección.

Tras un profundo análisis y varias sesiones de por medio, senadores y diputados, en votaciones de mayoría resolvieron las discrepancias en torno al texto legal. Ahora la Secretaría elaborará el informe, el que deberá ser ratificado por ambas Cámaras.

No obstante, por no alcanzarse el quórum requerido no prosperó una disposición transitoria que establecía el cómputo de los períodos anteriores, lo que finalmente debería zanjarse en una Comisión Mixta.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la administración del edificio al disponer el corte del suministro de energía eléctrica.

El Tribunal de alzada rechazó el reclamo deducido por el SII, en contra de la decisión de amparo dictada por el Consejo para la Transparencia, tras compartir que la información solicitada es de carácter público.