Las resoluciones deben referirse únicamente a lo solicitado por el administrado, sin extenderse a hechos no mencionados por él.
El Ministerio Público tiene la calidad de ente persecutor, sin que sus estrategias puedan ser develadas en favor del abogado que representa los intereses del imputado, pues esto puede frustrar una adecuada investigación.
No resulta compatible con el respeto a las exigencias de un justo y racional juzgamiento.
En la especie, esta práctica pone al reclamante en la situación contemplada en el artículo 129 bis 9 del Código de Aguas.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable, infringiendo sus derechos a la igualad ante la ley, debido proceso y propiedad.
En la especie, el Oficial del Ejército fue incluido en lista de retiro producto de una mala calificación anual, al no devolver el pago de zona mal calculada durante 9 años.
El Tribunal aplicó, además, a V.A.G.B. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y a la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo legal.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar la de primer grado que rechazó la demanda por, supuestamente, no existir mandato de gestión entre las partes.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que declaró la incompetencia del tribunal de base.
El máximo Tribunal descartó error en la decisión que rechazó el registro.
