El recurrente carece de un derecho indiscutido y preexistente que se pueda proteger mediante la acción de protección.
La rebaja de la cuantía de las penas a la que se refiere el artículo 65 del Código Penal es una atribución facultativa y no constituye un imperativo legal para los tribunales del fondo.
De esta manera, el máximo Tribunal español acogió el recurso de casación interpuesto por unos padres que denunciaron en abril de 1993 la desaparición de su hijo junto con su vehículo en Madrid y en donde la investigación identificó a los dos presuntos autores, uno de ellos procesado en rebeldía.
Se denegó orden de no innovar solicitada por la recurrente.
El Tribunal de alzada descartó error en la valoración de la prueba realizada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, con declaración que se elevó el monto de la indemnización a $15.000.000.
El Tribunal estableció que la supermercadista incumplió con la obligación legal de pagar oportunamente las cotizaciones previsionales de la demandante.
El Tribunal de alzada descartó falta o abuso grave de la autoridad al resolver, como juez árbitro, el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la isapre en contra de la sentencia que dejó sin efecto el término unilateral del contrato de salud, y le ordenó dar una cobertura del 50% a la patología del demandante.
Los retos que las Redes Sociales plantean a los jueces que quieren participar en ellas no son pocos. Algunos jurídicos (como los disciplinarios) y otros éticos. Pero éstos últimos, ampliamente expuestos por instituciones nacionales e internacionales, no deben conducir a una restricción real de un derecho fundamental como es la libertad de expresión, so pena de convertir a los jueces en ciudadanos de segunda categoría.
La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
