«Ninguna persona ni autoridad puede sin permiso del huésped, ingresar ni penetrar en la intimidad de estas, invadirlas, registrarlas, requisarlas, espiar, fotografiar, filmar ni grabar lo que en su interior acontece, a menos que medie orden escrita de autoridad judicial competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.»

Pide se decrete la detención del funcionamiento de las instalaciones del Pub Maldita Barra, ubicado en un barrio residencial del plan regulador de la comuna de Antofagasta, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 letra d) de la Ley N° 20.417.

Diversas agrupaciones pertenecientes al Norte de Chile dieron a conocer la problemática hídrica, ecológica y legislativa que se sufre al respecto en esta zona del país. Las temáticas más destacadas se relacionaron con la crisis hídrica, repartición del uso del agua y reconocimiento de los pueblos en las regiones.

El Tribunal autorizó que se exija el documento electrónico en bares, gimnasios y hoteles al concluir que se trata de una mínima restricción de derechos que ofrece mayores beneficios para el interés general.

La jornada del lunes 6 de noviembre la comisión de Participación Popular definió a los directores de la Secretaría. Además, aprobó el cronograma general y recibió la iniciativa en conjunto con la Biblioteca del Congreso.

La normativa deroga el Acta 13-2021, “Auto acordado para los remates judiciales de bienes inmuebles mediante el uso de video conferencia en tribunales”, que se dictó para asegurar la continuidad del servicio judicial, a fin de evitar postergaciones en la resolución de los asuntos durante el periodo que dure la emergencia sanitaria.

El demandante no cumplió con su carga procesal de acreditar todos los supuestos de la acción de nulidad incoada y es ello lo que impidió que obtuviera una sentencia favorable a sus pretensiones, de modo que no se advierte la manera cómo se habría alterado la carga de la prueba.

La norma aprobada en particular por la Comisión de Salud incluye todo tipo de elementos de protección personal de carácter sanitario. En una segunda instancia, las y los parlamentarios continuaron con la votación en particular de los proyectos refundidos sobre cirugías plásticas.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, las últimas normas pendientes.

La requirente estima que vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, un procedimiento racional y justo, y su derecho de propiedad.