Corresponde a la autoridad judicial de ejecución apreciar globalmente todos los elementos concretos que caracterizan la situación de la persona buscada que puedan indicar si entre esa persona y el Estado miembro de ejecución hay vínculos. Entre estos elementos figuran los vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos que mantenga el nacional del Estado tercero con el Estado miembro de ejecución.

La Superintendencia de Salud explicó el cálculo retrospectivo y prospectivo que se hizo marcado por el fallo de noviembre de 2022. También ex autoridades enfatizaron el “daño que le hace la sentencia a la industria”.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al denegar la cobertura, cuando está en riesgo el derecho constitucional a la vida, por lo que les ordenó iniciar en el más breve plazo el tratamiento indicado con el fármaco ustekinumab, el cual inhibe el sistema inmunológico y reduce la inflamación asociada a la enfermedad de Crohn.

El máximo Tribunal respaldo la interpretación jurídica plasmada en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó.

El Tribunal de alzada desestimó la acción tras establecer que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el proceso de calificación cuestionado por el recurrente.

La actividad contó con un panel de conversación integrado por Cecilia Sosa, ex presidenta de la Corte Suprema de Venezuela; Manuel Aragón, presidente emérito del Tribunal Constitucional de España; y José Manuel Díaz de Valdés, investigador del Centro de Justicia Constitucional UDD. Mientras que el moderador de esta instancia fue Felipe Schwember, profesor investigador de Faro UDD. 

El requirente estima que se vulnera su garantía de legalidad penal, el principio de legalidad y de taxatividad penal, junto a la eximente de legítima defensa.

El imputado intentó revertir la pena alegando que la policía actuó sin existir ningún indicio previo, ya que el mero hecho de eludir la presencia policial no puede ser calificado como una actitud indiciaria de un hecho ilícito, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal.

El artículo 39 del Código Procesal Penal, impone a la magistratura el deber de dar a conocer íntegramente por escrito los fundamentos que sustentan la decisión condenatoria, y no sólo la parte resolutiva del fallo, en caso contrario, el Tribunal vulnera el derecho a defensa del acusado.

La sucesión de exigencias refleja una insistencia excesiva en la formalidad que eclipsa su propósito sustancial: seleccionar. a los candidatos más idóneos y competentes para optar a cargos en el Poder Judicial. Escenario que, de igual modo, vulnera el principio de no discriminación al convalidar la demandada a algunos aspirantes al cumplimiento de dicho presupuesto en supuestos fácticos similares.