La Ley N°21.081 que entrega facultades de fiscalización al SERNAC, establece en un artículo transitorio un cronograma para la entrada en vigencia de esa ley, pudiendo ejercerse labores de fiscalización en la Región de la Araucanía sólo después de 18 meses de publicada la ley en el Diario Oficial.

En la audiencia las partes expusieron sus argumentos de las reclamaciones presentadas contra la resolución del Ministerio del Medio Ambiente, que declaró el humedal urbano “Las Quemas” en la comuna de Osorno.

El eje de la serie es, precisamente, Isabel II. Y, en muchas ocasiones, no es amable. Pero es una aproximación bastante creíble a la monarca recién fallecida, de 96 años, y que ha reinado durante más de 70 años. Además, es muy entretenida.

El plazo de dos años es de caducidad y no de prescripción, toda vez que la potestad de invalidación se agota con el hecho objetivo del transcurso del tiempo, sin que pueda alegarse o invocarse la existencia de causales de suspensión o interrupción del plazo.

Esa solicitud presupone una declaración de responsabilidad que justifique tales reparaciones o reforzamientos, lo que no puede determinarse en un procedimiento extraordinario como el de protección.

La actitud arbitraria de la Municipalidad, de negar por la fuerza física la actividad comercial autorizada ya por el municipio, lesiona los actos favorables que han sido renovados reiteradamente a través del tiempo.

No se puede alegar que se trató de una situación inesperada a fin de evitar la responsabilidad del Estado, ya que no se podía ignorar las características geográficas del lugar.

Acción de protección no es la vía idónea para discutir la legalidad de los actos administrativos emanados del municipio, ya que el ordenamiento jurídico dispuso un recurso especial para ello, contemplado en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

No procede solicitar el cumplimiento forzado de un contrato si el contrato se encuentra fenecido o terminó.

Las personas que ejercen funciones públicas o de relevancia social han de soportar el riesgo de que sus derechos subjetivos (entre ellos, el honor) resulten afectados por opiniones de otras personas, en virtud del ejercicio de las libertades de información y expresión.