El máximo Tribunal estableció error de derecho y vulneración a los tratados internacionales suscritos por Chile, al acoger la excepción de cosa juzgada.
El Tribunal de alzada estableció que la clínica recurrente no incurrió en infracción al cobrar la prestación, costo que fue informado, además, correctamente al paciente.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Guzmán Yuri y Arancibia González las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas; más el pago proporcional de las costas del juicio.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó, con costas, la de primer grado que mantuvo la multa a la empresa por infringir obligación en la labor de clasificación de riesgos asociada a valores de oferta pública emitidos por empresas La Polar S.A. y de títulos de deuda securitizados.
El requirente reclamó que los preceptos impugnados podrían eventualmente vulnerar sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso, propiedad y el derecho a reclamar ante los tribunales de justicia.
La medida de suspensión se encuentra cumplida atendido el lapso de la misma, y se aclaró que la suspensión no se extendía a las actividades académicas, por lo que la acción constitucional entablada ha perdido oportunidad.
No se advierte el motivo de la negativa para no otorgar la documentación y datos requeridos, más aún, cuando el recurrente fue parte en el proceso administrativo.
Se hace fácil dejar fluir en la virtualidad expresiones personales, y apreciaciones, porque es un medio expedito, gratuito –solo requiere conexión a internet, la que no necesariamente se paga-, que puede ser difundido sin mayor esfuerzo y costo, y en el que los sujetos pueden colocarse detrás de la pantalla, creyéndose que esa falta de presencia les quita responsabilidad por sus actos y lo que dicen.
El requirente alega que se le aplica una sanción múltiple que tiene efectos desproporcionados y atentatorios a su derecho de propiedad.
