No se advierte el motivo de la negativa para no otorgar la documentación y datos requeridos, más aún, cuando el recurrente fue parte en el proceso administrativo.
Se hace fácil dejar fluir en la virtualidad expresiones personales, y apreciaciones, porque es un medio expedito, gratuito –solo requiere conexión a internet, la que no necesariamente se paga-, que puede ser difundido sin mayor esfuerzo y costo, y en el que los sujetos pueden colocarse detrás de la pantalla, creyéndose que esa falta de presencia les quita responsabilidad por sus actos y lo que dicen.
El requirente alega que se le aplica una sanción múltiple que tiene efectos desproporcionados y atentatorios a su derecho de propiedad.
No fue precedida de un procedimiento administrativo previo, que permita determinar las discrepancias observadas por la propia recurrida en su informe.
Es cierto que en algunas ocasiones el derecho penal no debería proteger patrimonialmente a quienes no se protegen a sí mismos, sin embargo, el engaño de la estafa no puede quedar neutralizado por la diligencia desplegada por la víctima, porque en tal caso, quedarían extramuros de la protección penal los comportamientos de quienes se aprovechen de su debilidad.
El Tribunal sancionó al proveedor de servicios aun cuando el chofer no era trabajador directo de la denunciada.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
En virtud de su cargo podrá representar a las partes que litiguen en la Corte, asumiendo la acusación o defensa según sea el caso. Para asumir esta tarea los abogados integrantes deben contar con una amplia experiencia en derecho penal e internacional.
En principio, el Tribunal condenó al proveedor al pago de la indemnización dispuesta en el artículo 25 A de la Ley N° 19.496, pero luego la eliminó, por considerar dicha norma inaplicable por existir indemnizaciones en leyes especiales que regulan la materia.
Para la Corte Suprema, teniendo en cuenta los riesgos que la introducción de figuras como las que se proponen pudiesen generar, parece necesario puntualizar la necesidad de que el legislador tome especiales resguardos en lo que respecta al sistema procesal y recursivo, con el fin de responder a la posibilidad de plantear todos los intereses de los posibles implicados en conformidad con el debido proceso.
