El precepto legal impugnado no resulta decisivo en la resolución del asunto.
Las reclamaciones fueron presentadas por la Empresa Portuaria de Valparaíso, así como por agrupaciones y personas naturales y están asociadas a dos resoluciones de la autoridad ambiental.
El viernes se revisaron las propuestas normativas de Participación y Consulta Indígena, Derechos Humanos y Participación Popular.
En el texto aprobado por la Cámara de Diputados se postula que la instancia esté integrada por miembros de destacada trayectoria en materias económicas y laborales.
El ministro del Trabajo y Previsión Social expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado sobre los impactos y la evolución del IFE laboral y del empleo durante los últimos meses.
No indica “la manera en que el auto acordado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales del requirente”.
El actuar del Servicio es ilegal desde que desconoce la filiación determinada de la recurrente, dejando de aplicar la normativa legal vigente para el reconocimiento de sus derechos.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El ejercicio de la libertad de expresión encuentra como límite a su extensión los derechos fundamentales de terceros, en especial, cuando aquellos dicen relación con la integridad psíquica de la persona o la protección de su vida privada.
Es la propia disposición impugnada la que expresamente contempla una desigualdad ante la ley.
