La magistratura estimó que la conducta del estudiante perjudicaba a la comunidad escolar, razonando que la desvinculación se ajustó a derecho y siguió todos los reglamentos internos y medidas disciplinarias progresivas para no vulnerar los derechos del niño, que se encontraba condicional en el recinto desde el año 2018.
La magistratura estimó que el tiempo transcurrido desde los hechos que motivaron la baja inmediata hasta la interposición de la acción cautelar ha sido excesivo, y la institución aún no culmina el sumario administrativo, manteniendo al actor todo este tiempo en un estado de incertidumbre, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº19.880 para culminar el procedimiento disciplinar.
El criterio «de asociación» aplicado con respecto a Nikita Mazepin se refiere al hecho de estar vinculado, con carácter general, por intereses comunes. Según reiterada jurisprudencia, este criterio implica la existencia de un vínculo que vaya más allá de una relación familiar, acreditado a la luz de un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes.
Se infringe el artículo 83 de la Constitución, por cuanto se inmiscuye indebidamente en atribuciones que el ordenamiento jurídico entrega de forma exclusiva y excluyente al Ministerio Público. Se amenaza así el derecho a la libertad personal, desde que, al sustituir el procedimiento por la nueva calificación jurídica impuesta, se podría imponer al amparado una pena superior a la permitida por el procedimiento que ha sido sustituido, vulnerándose el debido proceso y el derecho al juez natural.
La magistratura negó lugar al desafuero de la funcionaria, al verificar que el tiempo de su contratación databa desde enero del año 2021, época diferente a la indicada por el Servicio, que afirmaba que ingresó en junio de 2022 a uno de los SAMU bajo su dirección. Tal contradicción hace improcedente el desafuero, debido a que la demandante siempre estuvo en conocimiento del estado de gravidez de la empleada, y la siguió llamando para cubrir reemplazos.
La normativa rechaza que exista causa de exoneración cuando la circunstancia es intrínseca a la actividad del transporte aéreo, como en el caso ocurre, atendido que los accidentes ocasionados por pájaros no son infrecuentes en la navegación aérea, particularmente en las maniobras de despegue y aterrizaje. De manera que constituye un riesgo intrínseco a la actividad.
No existe un derecho indubitado de los recurrentes que deba ser protegido a través de este recurso, en cuanto, además, la recurrida informa que este proyecto no está aún en ejecución y tampoco se ha dictado el acto administrativo que así lo disponga.
“Israel reafirma su compromiso de actuar de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluidas las prescritas por la Convención sobre el Genocidio, el derecho internacional humanitario y las reflejadas en la Orden de la Corte de 26 de enero de 2024, en medio de un conflicto armado precipitado por el ataque y las atrocidades cometidas por Hamás y grupos asociados en su territorio”.
El requirente alega que la norma objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que le impide ejercer una adecuada defensa en sede ejecutiva, a partir de una decisión de la CGR y del Tribunal de Cuentas que de ella depende, en que la sentencia fue dictada por quien ha sido juez y parte en el juicio de cuentas, dejándolo en una absoluta indefensión.
Cuando existen motivos fundados para creer que una persona enfrenta un riesgo real de sufrir la pena capital, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes en el país de destino, el Estado contratante tiene la obligación de no expulsar a esa persona. En este caso, los hombres se enfrentaban a un riesgo extremadamente alto de ser condenados a muerte.
