Informar una deuda y advertir la posibilidad de ejercer acciones legales o publicar la misma, no resulta contraria al ordenamiento jurídico.
La ciudadanía ha manifestado un malestar generalizado ante diversas situaciones en las que los parlamentarios son percibidos como personas que cuentan con privilegios.
En el caso concreto solo existió identidad de sujetos y de materia, por lo que no vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de no ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.
Si existe una migración masiva y repentina de millones de personas al sector público, afectará la atención de salud de toda la población beneficiaria de FONASA, toda vez que no tendrá la flexibilidad oportuna para dar atención de salud a nuevos beneficiarios.
No obstante, la Corte ordena al Jugado de Garantía que cite a nueva audiencia para discutir sobre la pertinencia de dar aplicación al artículo 458 del Código Procesal Penal y la medida cautelar del imputado por delito de incendio en perjuicio de la casa de su madre.
El requirente alega que la medida atenta contra su derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.
Así lo propone una moción de un grupo transversal de congresistas que buscan proteger a menores de edad de las amenazas del mundo digital.
Los fiscales Tita Aránguiz Zúñiga, Carla Troncoso Bustamante, Jaime Salas Astraín y Anamaría Quintero Harvey pidieron pronunciamiento al tribunal de alzada, el cual luego de analizar la situación y pedir informe a los jueces, estableció que la comunicación telemática no permite fiscalizar el estado de los internos, por lo que deben volver a ser presenciales.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional que buscaba el retorno del amparado al Centro Penitenciario de Nueva Imperial, tras establecer que se mantiene la necesidad de cautela y que no se vislumbrar que la resolución cuestionada haya vulnerado derechos fundamentales, como la libertad personal y seguridad individual del amparado, en los términos planteados por la defensa.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictado por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la excepción de prescripción argüida por el Fisco, tras establecer que el demandante fue víctima de crimen de lesa humanidad.
