El reclamante alegó que fue incorrectamente evaluado por la Comisión Evaluadora, por lo que la licitación le fue adjudicada a otro oferente.
El juez de tutela puede intervenir excepcionalmente en el marco de conflictos entre los sindicatos con sus afiliados/trabajadores en empresas beneficiarias. Esto exclusivamente con el fin de proteger los derechos fundamentales, cuando el trabajador se encuentre en situación de debilidad manifiesta por razones de salud o discapacidad y se evidencie un móvil discriminatorio en su desvinculación.
Cabe recordar que la reclamación fue interpuesta por el municipio, una vez que el Ministerio rechazó su solicitud de declaración como humedal urbano de una superficie de 48 hectáreas del Sitio Prioritario para la Conservación “Humedal de Tunquén”.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que estableció la responsabilidad de la empresa en el accidente, al incumplir con la obligación contractual de trasportar a los usuarios en condiciones seguras.
Los senadores apuntaron a la necesidad de esclarecer los criterios que se están usando para gestionar el traslado de menores en estado de gravedad considerando que los servicios públicos y privados están unificados.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar presentado contra hechos establecidos por los jueces del fondo.
La iniciativa está orientada a la divulgación de conocimiento actualizado en materias ambientales, tanto del derecho como de las ciencias exactas, por lo que los interesados podrán abordar las subdisciplinas jurídicas y de las ciencias naturales vinculadas al tema ambiental como, por ejemplo, derecho administrativo, derecho regulatorio, hidrogeología, geología, geografía, biología, economía, entre otros.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional, tras establecer que el amparado no ha demostrado avances en el proceso de reinserción social, no existen antecedentes que acrediten que el recurrente asuma o tenga conciencia del delito cometido, gravedad ni mal causado.
El no pago de las licencias médicas, sin duda repercute en el patrimonio de la actora al impedir su acceso al subsidio por enfermedad, lo que en forma indefectible deriva en que no pueda recuperar su salud mental.
No resulta procedente decretar el cese de los alimentos ya que la obligación del alimentante se mantiene si el alimentario está estudiando una profesión u oficio.
