Al existir meras sospechas de inimputabilidad y peligrosidad, no existe tampoco la posibilidad de aplicar una medida cautelar personal general.
Se está ante un sistema de valoración de prueba regido por las reglas de la sana crítica, en el que existe libertad de prueba a fin de que el juzgador adquiera su convicción; por contrapartida a lo que acontece en el sistema de prueba legal o tasada.
El prejuicio no consiste únicamente en el intolerable retraso con que se ha reconocido el derecho del perjudicado, sino la comprensible angustia, inseguridad, desconfianza y desánimo por el transcurso del tiempo y en las legítimas expectativas que no se concretaban.
Además, establece que será una circunstancia agravante el que, valiéndose de una bicicleta, scooter, motocicleta, motoneta o bicimoto cometa un delito contra la persona, indemnidad sexual o propiedad de otro.
La denuncia pública de actos que podrían constituir violencia contra la mujer, se encuentra entre los discursos especialmente protegidos por la legislación nacional e internacional. En los últimos años se han acrecentado estas prácticas en materia de género, mostrándose como mecanismos prácticos y eficaces para visibilizar situaciones o hechos de violencia física, psicológica o institucional que pudieron haber sufrido mujeres.
Dicha renuncia deberán presentarla ante el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva. A contar de la data en que dicho Tribunal tome conocimiento de la renuncia, queda el parlamentario suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.
La eutanasia está permitida, por lo que la prohibición se refiere para proporcionar el suicidio respecto de quienes “están cansados de la vida” o consideran que su vida “está completa”.
El recurrente calificó de improcedente e ilógico el actuar del Coordinador, pues se obstaculiza la cesión de derechos con razón de que se encuentra impedido de participar en el Mercado de Corto Plazo (por incumplimiento de pago obligaciones a otros operadores del sistema eléctrico).
El personal municipal destinado a estas labores deberá tener la debida autorización para portar y usar armas de fuego como de cualquier otro elemento que les permita evitar un delito en la vía pública o acudir a un llamado vecinal que los alerte de aquello.
El tema de de la justicia y su administración se aborda expresamente en la partida tercera, donde se habla del procedimiento civil o el imperio de la ley, tomando como base el proceso, es decir, las personas que intervienen en el juicio y el procedimiento conforme al cual se tramita.
