Concluye el máximo Tribunal revocando la sentencia apelada de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.
Indicó el senador que «si efectivamente se agrede la vida del que está por nacer en la ley que se pueda aprobar, yo no descarto acudir al TC, pero no empezamos por eso, empezamos por el debate».
La peticionaria adujo que fue objeto de un examen sicológico en los términos de la Ley N° 19.464, el cual no habría cumplido con el protocolo respectivo.
El actor estimó vulnerados los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 3, 1 y 4 de la Carta Fundamental.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso penal seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena por el delito porte ilegal de arma de fuego.
La BCN recuerda los episodios de contaminación fatídicos como los del último invierno en Santiago.
Se fundamentó el arbitrio de nulidad sustancial en la vulneración de los artículos 1698 del Código Civil y 7 ter del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 del año 2009.
La gestión pendiente invocada incide en autos cobre cancelación de personalidad jurídica de que conoció el 2° Juzgado de Letras en lo Civil de San Miguel.
No existe norma legal que permita a un parlamentario, individualmente considerado, solicitar la aludida información.
La gestión pendiente invocada incide en autos sobre recurso de casación en la forma y en el fondo, seguidos ante la Corte Suprema.
