El Servicio de Salud había sido excluido de la causa al estimar la Corte de Puerto Montt que no era legitimado pasivo, pero el máximo Tribunal resolvió que es imposible continuar la acción –cuyo fin es la indemnización de perjuicios– sin la participación del Servicio, debido a que es único de los demandados que puede responder patrimonialmente en caso de un fallo favorable para los actores.

Una nueva citación desde la libertad, de acuerdo a las reglas generales, sería infructuosa, demorando innecesariamente el procedimiento penal en perjuicio y riesgo de la víctima de violencia de género.

El accidente tuvo lugar en horario de trabajo y dentro del espacio físico configurado como su domicilio particular. La actividad que dio lugar al accidente no nos parece ajena a la que hemos considerado como una actividad normal en la vida laboral; beber agua en el lugar que se supone tiene un acceso más fácil. No es pues una actuación extraña.

TC no emite pronunciamiento en control preventivo y obligatorio sobre la constitucionalidad del citado proyecto de ley sometido a control preventivo de constitucionalidad. No contiene regulaciones que el constituyente haya reservado a ley orgánica constitucional.

El actor posee el derecho a decidir si acude o no a la Inspección del Trabajo antes de concurrir al tribunal, con el fin de obtener un pronunciamiento respecto del litigio; por lo tanto, el juez no puede supeditar la solución del arbitrio al cumplimiento de un requisito administrativo.

El imputado se presentó con «alguna evidencia» de la inducción del gobierno a cometer el ilícito y de su propia falta de predisposición a cometer el delito. Bajo el estándar “Mayfield”, tenía derecho a que el tribunal instruyera al jurado sobre su defensa por trampa, aunque no podemos asegurar que hubiera logrado la absolución. Las acciones del gobierno en este caso no estuvieron a la altura de los estándares aplicables.

La empresa debe pagar cotizaciones previsionales insolutas, pues la presentación de la demanda ejecutiva interrumpió el plazo de prescripción de la acción de cobro que establece el artículo 31 bis de la Ley N°17.332.

El demandante no pudo acreditar su dominio respecto del inmueble que pretendía reivindicar, acusando una errada valoración de las pruebas. Para el máximo Tribunal, tal reclamo se condice con una disconformidad con el resultado del juicio, y no con errores de derecho que persigue el recurso de nulidad sustancial.

Es evidente que la aceptación o admisión de responsabilidad en un juicio oral simplificado es precisa y únicamente de la responsabilidad penal correspondiente, no una aceptación de la pena propiamente tal.

No existió una notificación de la cesión al consumidor con carácter previo a la acción ejecutiva rechazada y, por ende, este contrato le fue inoponible hasta entonces. De esta manera, el banco actuó ante el actor como si hubiera continuado siendo su acreedor, con lo cual la certificación de libre deuda expedida acredita la cancelación del crédito cedido e implicó la generación del derecho del actor de liberarse y repeler las acciones en su contra.