El país africano ha reprimido férreamente a las personas de este colectivo, que si son descubiertas realizando actos sexuales arriesgan penas de cárcel. En general, la sociedad tunecina es muy tradicional y tiene poca tolerancia con estos actos, lo cual de cierta forma explica la severidad de su legislación.

El máximo Tribunal observó que los jueces de fondo omitieron referirse a la prueba que daba cuenta de la morosidad de las facturas que el juez de base había considerado parcialmente pagadas.

El Servicio no puede ser considerado como un simple financista, pues posee un grado de fiscalización respecto de la empresa que construyó las viviendas sociales encargadas y para la cual trabajaba el demandante, configurándose de esta forma el trabajo en régimen de subcontratación establecido en el artículo 183-A del Código del ramo.

La decisión se tomó a raíz de una apelación deducida por Colombia, que acusó a la UE de realizar dumping con este producto para obtener ventajas comerciales en perjuicio de los productores colombianos. El laudo arbitral puso fin al litigio al constatarse que Colombia realizó una investigación defectuosa en varios aspectos, incluido el cálculo del dumping y el análisis del perjuicio.

El Tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la comisión de los delitos como la participación culpable de Bracho Monzón en los hechos

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue, que ordenó al municipio pagar a los siete trabajadores la suma total de $149.834.868 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicios, recargo del 50% y feriado legal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó su Código de Ética para Juezas y Jueces, ¿cuál es su importancia en el marco del cumplimiento de su función judicial?

El Tribunal aplicó, además, a Acuña Cortés las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 10 UTM.

El requirente reclamó que los preceptos impugnados afectan su dignidad, igualdad ante la ley, el debido proceso, su honra, vida privada y datos personales, su libertad personal y derecho de propiedad.

Los organismos a cargo de la investigación y decisión omitieron escuchar al alumno sancionado por supuestos actos de acoso escolar, y tampoco generaron la oportunidad para formular descargos.