Durante las sesiones se produjo un álgido debate entre las delegaciones de los distintos Estados miembros, incluyendo representantes del Estado de Siria, y también representantes de organizaciones no gubernamentales.
serán “civilmente responsables de los daños que causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta de adecuada señalización”
En este sentido, en el escrito de la acción de protección se señala que la norma en cuestión establece una discriminación arbitraria, ya que sin razón justificada priva de la remuneración en función del uso involuntario de licencias médicas, que son expresión del derecho a la salud y del derecho a la vida e integridad física y psíquica, además de vulnerarse el derecho de propiedad sobre bienes incorporales.
«…se dictó el Reglamento de Administración y Registro de los Bienes del Tribunal Constitucional, el Instructivo sobre Transparencia y Acceso a la Información, publicado en el Diario Oficial el 17 de abril de 2010, y diversos auto acordados sobre la regulación interna del Tribunal y sus gestiones…»
«esto no significa que toda marcha o protesta sea legítima porque al existir otros derechos –propiedad, libertad de emprendimiento y de tránsito-, estos deben ser ponderados por la autoridad…»
Castro ante la declaración de Mañalich, calificó de “extraño y grave”, que luego de que él dispuso un operativo a fin de monitorear a los huelguistas, enseguida lo descalifique. Con todo, “aquí no sólo se desacredita a los estudiantes sino que también al equipo de Salud del Hospital”.
La gestión pendiente incide en un juicio sobre violencia intrafamiliar seguido ante el Juzgado de Familia de Talcahuano, en el cual se encuentra fijada la audiencia de juicio oral.
«En su informe, el Instituto Libertad y Desarrollo, destacó la importancia en considerar que la corrupción es una preocupación constante de todas las sociedades, ya que genera efectos negativos tanto en la economía como en la política, siendo un desafío constante para las sociedades y sus gobiernos…»
“el propio órgano de la Administración con su inacción atenta gravemente contra los intereses patrimoniales del Estado”.
La gestión pendiente invocada incide en el proceso de desafuero seguido en contra del Diputado Jorge Sabag Villalobos por los delitos de fraude al fisco y, en subsidio, negociación incompatible, seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
