La empresa requirente alega que la ley no describe la conducta infraccional, motivo de la multa, permitiendo la arbitrariedad del órgano administrativo.
La Ley N°21.234 vigente al momento del fraude obliga a los emisores de tarjetas de crédito a restituir hasta 35 UF, respecto al monto superior el banco podrá optar por restituirlos o ejercer las acciones que considere procedentes.
El máximo Tribunal consideró que existió un error en la impresión del etiquetado, el cual fue corregido por el demandado.
La detención del periodista en Turquía violó el derecho a la libertad de opinión, así como su derecho a la libertad, seguridad e integridad personal.
El requirente alega que los preceptos cuestionados le impiden alegar que no se encuentra en la hipótesis de “empresa deudora”, lo que afecta gravemente su derecho de propiedad.
El pronunciamiento responde a la negativa de algunos órganos de la Administración del Estado de pagar los servicios prestados durante la crisis sanitaria.
Los profesionales de tales sociedades no son funcionarios públicos por lo que no es posible aplicarles procedimientos y sanciones administrativas ante una eventual negligencia.
El mandante puede encomendar la gestión de cobro sin que el mandatario esté facultado para percibir, lo que no obsta a su obligación de rendir cuenta respecto a la gestión de cobro.
El funcionamiento de la planta de cerdos genera un elevado riesgo de afectación al recurso natural suelo.
Una vez adjudicado el contrato, la empresa instaló el software requerido por el órgano, hecho considerado ilegal por una de las empresas no favorecidas con la licitación.
