La menor fue llevada por su padre a la toma de muestra bajo el pretexto de que le estaban practicando un examen PCR para descartar que tuviera COVID-19, vulnerando con ello la igualdad ante la ley y el derecho a la honra de la niña.

El requirente estima que el plazo máximo de 90 días constituye un obstáculo irracional para el ejercicio de su derecho a una tutela judicial efectiva.

Egresadas de la Universidad Arcis reclaman que desde el año 2014 no se les permite rendir el examen al no ser incluidas en el convenio celebrado con ocasión del cierre de esa casa de estudios.

La iniciativa obliga a que en un plazo máximo de 2 años Notarios, Conservadores y Archiveros cuenten con un sistema informático que permita al público general acceder a los mismos servicios como si hubiere concurrido físicamente al oficio respectivo.

El requirente alega que se produce una limitación a sus posibilidades de defensa, transgrediéndose sus garantías a un debido proceso e igualdad ante la ley.

En virtud del principio de máxima divulgación, se encuentra en la necesidad de responder a los requerimientos del solicitante en forma amplia, sin perjuicio, de no verse obligado a suministrar datos que exceden la órbita de lo requerido o se encuentren bajo la causal de reserva legal o constitucional.

Complementariamente aplica lo dispuesto en las leyes N°21.306 y N°21.405.

El beneficio relevante del fraude que es proporcional a la devolución, no son las ganancias netas totales sino la diferencia entre las ganancias más altas que ha obtenido el acusado y las ganancias más bajas que habría obtenido si no hubiera utilizado el fraude.

El artículo 97 dispone que las sentencias que dicta la Corte Suprema al fallar acciones de protección no son susceptibles de recurso alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda que establece el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil.

Así como también tengan acceso a información correspondiente a la cantidad de horas destinadas a labores administrativas.