El máximo Tribunal adopta esta decisión al verificar que la aplicación irrestricta de la ley 21.249 (que imposibilitó el corte de servicios básicos durante parte de la pandemia) beneficia a los ocupantes irregulares del inmueble de la recurrente, pues se generaron deudas a su nombre por consumos que realizaron los primeros.

En tal hipótesis surge la supletoriedad del procedimiento de aplicación general, según lo dispuesto en el artículo 432 del Código del Trabajo.

En zonas aisladas del país se deben recorrer largas distancias para trasladarse a los centros de salud que cuenten con maternidad u otras especialidades médicas para el parto.

La negociación colectiva está dotada de un marco claro de actuación que debe respetarse, y a tal efecto las previsiones del convenio colectivo no pueden verse modificadas por decisiones unilaterales del empresario ni por la autonomía individual, en tanto que ello implica eludir el derecho de negociación.

La bancada encabezada por la senadora Paulina Núñez expresó la necesidad de que el Gobierno “invoque la Ley de Seguridad del Estado, ya que el ultraje a la bandera es un delito contra el orden público y esta acción le corresponde al Ministerio del Interior.”

Los hechos alegados por los peticionarios no revisten gravedad, urgencia ni riesgo de daño irreparable, requisitos necesarios para su otorgamiento al tenor del artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las impugnaciones incurren en una contradicción manifiesta, ya que no es posible comprender si el error de derecho consiste en no haber interpretado y aplicado certeramente el artículo 141 inciso primero o el artículo 143 del Código Penal.

La autoridad se refirió a la jornada de trabajo, descanso y permiso aplicable ese día.

Según los artículos 3 letras d) y 23 de la Ley del Consumidor, y en especial atención al giro del proveedor, entre otros, la custodia de valores, el banco debe contar con sistemas de seguridad y vigilancia para evitar la comisión de delitos, ya que ello constituye una exigencia mínima del deber de seguridad.

Egresada de Derecho de la UNICIT sostuvo que se le computó una fecha de egreso diferente a la reconocida oficialmente por los recurridos, infringiendo con ello la igualdad ante la ley.