el 25 de Julio de 1974, Juan Ernesto Ibarra Toledo, estudiante universitario, 21 años de edad, militante del MIR, fue detenido alrededor de las 15:30 horas, sin orden judicial ni administrativa alguna, por agentes de la DINA
“ciertos delitos, especialmente los de lesa humanidad, como las detenciones y desapariciones de personas, delitos que hoy día pueden ser indultados, pueden ser amnistiados, pueden ser declarados prescriptibles por los tribunales de justicia y eso obviamente es un obstáculo”.
el precepto contenido en el inciso primero del artículo 31 bis, establecido en el número 12 del artículo único del proyecto de ley remitido, en la parte que va desde el comienzo de ese inciso hasta el primer punto seguido del mismo, es orgánico y constitucional.
“muchos de los avances tecnológicos podrían mejorar la participación si los pusiéramos al servicio de la democracia”.
se desempeñó como presidente del Colegio de Abogados, Director de la Revista de Derecho y Jurisprudencia, miembro del «grupo los 24» sobre estudios políticos y constitucionales y como abogado integrante de la Excelentísima Corte Suprema.
“que se ha empleado el presente arbitrio procesal para poner en entredicho la legalidad de una decisión técnica, pretensión que excede los márgenes de esta acción constitucional”.
esta casilla de correo electrónico institucional, es considerada con carácter de correspondencia privada, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Chile en el artículo 19, N° 4 y N° 5, respecto a la protección de la vida privada y de la honra de la persona y su familia, en tanto que la inviolabilidad del hogar y de toda su forma de comunicación privada
no se han acreditado antecedentes que permitieran dar por contestada en esta parte la solicitud del particular, por lo que requirió al organismo que haga entrega de la documentación.
se sometió a proceso a Luis Alberto Jeldres Olivares y Aclisio del Carmen Muñoz Mori, ex funcionarios de Carabineros.
“como lo ha establecido la jurisprudencia, aun cuando las partes de un contrato no hubieren cumplido sus obligaciones, no pueden tomar medidas al margen del ordenamiento jurídico vigente a fin de obligar a la otra a una determinada conducta, de conformidad al principio que nadie puede hacerse justicia por sí mismo”
