El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 132, inciso undécimo y duodécimo, en relación a los artículos 63, inciso segundo y 64, del Código Tributario, sobre procedimiento general de reclamaciones ante los tribunales tributarios y aduaneros.La gestión pendiente invocada incide en un recurso de apelación interpuesto en el marco […]

“No cabe calificar como ilegal el comportamiento del Hospital Naval nro. 1, ni de la Dirección de Sanidad de la Armada, ni de la Dirección General de Servicios de esa Institución, ni de su Comandante en Jefe. Menos aún puede formularse ese juicio de valor respecto del Sr. Ministro de Defensa recurrido, ni de funcionarios que de él dependan o con él se relacionen, por no existir relación jerárquica entre esa cartera de Estado y la Armada de Chile”.

“Estos sentenciadores estiman que el recurso no es extemporáneo, puesto que se interpuso dentro del plazo de treinta días de agotada la vía administrativa”.

“Aparece claro que olvidaron una cuestión esencial, como es el respeto de los derechos de quienes habitan las propiedades colindantes, y para centrarse en el reclamo, los derechos de quien ha deducido el recurso de protección, con muy justo derecho, según le parece a esta Corte”,

la legislación que penaliza el lavado de activos, originalmente solo se aplicaba a hechos o conductas acaecidas en el territorio Peruano, situación que solo se modificó a partir de la ley N° 27.765, publicada el 22 de Julio de 2007. en cuanto a la doble incriminación, señaló que abrir cuentas corrientes y depositar dineros en ellas aun con la finalidad de ocultar esas operaciones, no eran constitutivas de delito en Chile en el año 1999, época en que la requerida efectuaba en Panamá las conductas que se le reprochan.

“debe estar en situación de sacar de la inactividad el procedimiento e impulsarlo a su término por medio de actuaciones útiles a tal fin, de lo contrario no se observa necesidad que persevere en la repetición de presentaciones que en nada conducirán a su término”.

Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucionales, los artículos 276 y 334 del Código Procesal Penal.La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por el asalto a 3 sucursales bancarias y la muerte de un carabinero, en el cual la requirente de inaplicabilidad es querellante.La parte requirente estima que la aplicación de la norma cuestionada […]

el Ministerio Público en nuestro sistema procesal penal actual tiene la “calidad de ente persecutor de la responsabilidad criminal”, otorgando a las víctimas la “posibilidad de deducir querella y tomar parte activa en la investigación”, lo que es entendido como un complemento de la labor del fiscal.

“una situación de desigualdad de poder y control, donde las personas con discapacidad pueden ser más fáciles de manipular y vulnerar, por carecer, en la mayoría de los casos, de posibilidades de denunciar los abusos”.

en el caso de la comisión de este delito es razonable preveer que los malos tratamientos habituales excluyen dicha presunción, por lo que se requiere adecuar la legislación.