«…debe entenderse que nuestra Constitución también protege al trabajo propiamente tal, no consagrando el derecho al trabajo en términos generales, pero sí derechos que constituyen elementos fundamentales de éste y que pueden exigirse efectivamente del Estado».
“favorezcan una mayor cercanía de los representantes con sus electores, que aumenten la competencia entre los partidos, que impulsen mayores grados de participación de la ciudadanía y que garanticen una mayor correspondencia entre los parlamentarios y los ciudadanos que representan”.
En su fallo, el Tribunal de alzada razona que, a pesar de lo sostenido por los recurridos en orden a que las cámaras no filman ni graban imagen alguna, “no es menos cierto que ese hecho era desconocido por el recurrente, quien sólo se enteró de tal circunstancia en virtud del informe evacuado por los primeros”
El requirente estima que, de aplicarse la norma reprochada, se vulnerarían sus derechos consagrados en los numerales 1, 7 y 26 de la Constitución Política y el artículo 5° inciso 2°, al transgredirse las correspondientes normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la de Derechos del Niño.
“que, viniendo fijados como hechos de la causa que el demandado es poseedor inscrito -reputado dueño- del Lote B individualizado en su título y definido su emplazamiento por medio de la prueba rendida en autos…»
La Corte de Antofagasta acogió el recurso, mas la Corte Suprema en alzada revocó el fallo, rechazado el recurso constitucional.
“el presente proyecto de ley tiene por objeto regular una situación que en la práctica ha demostrado dificultar de un modo claro el voto de personas con ciertas discapacidades físicas, tales como adultos mayores o personas que viven en una condición que requiere de sillas de ruedas u otros elementos de ayuda”.
En dicho contexto, fue aprobada en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, por lo que ahora corresponde que sea sometida al pronunciamiento de la Sala –con probabilidad antes del 18 de septiembre-, como indicó la Senadora Alvear.
«Esta discrepancia también la presentaba la solicitud del recurrente, pero en nada influye en lo que se resolverá, puesto que el plazo de mayor extensión también estaba expirado al momento de dictarse el Decreto Municipal objeto de estos autos”.
En este aspecto deberá señalarse de que arbitrario es aquello que no es razonado y es producto del mero capricho de quien incurre en él.
