La recurrente adujo ser la anterior dueña de un departamento ubicado en la Comuna de Vitacura como antecedente para justificar su ocupación, argumento desestimado por el máximo Tribunal al carecer de la entidad suficiente para ser invocado como hipótesis de mera tolerancia, en virtud del inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.

La declaración de despido improcedente o injustificado, obliga al empleador a restituir los fondos descontados, en razón del artículo 13 de la Ley N°19.728.

El requerido, que actualmente cumple una pena de 9 años de reclusión por tráfico de estupefacientes en la cárcel de Arica, fue condenado por la Corte de Roma a la pena de 8 años de presidio luego de intentar ingresar cocaína en paquetes ocultos en el aeropuerto de Milán. Se dispuso la entrega diferida del actor una vez terminada su condena en Chile.

Los gobiernos por necesidad deben regular algunas áreas con reglas generales y otras con reglas más refinadas. La Constitución no obliga a la “exactitud matemática” en los regímenes locales de concesión de licencias, basta con considerar que la congestión fuera de los estadios deportivos es un mal que debe ser corregido, y una zona de exclusión de 300 pies es una forma racional de solucionar este problema.

Es una nómina que debe mantener el Servicio de Registro Civil e Identificación en la que se anotarán las órdenes de detención vigentes dictadas por los Tribunales de Justicia con competencia en lo penal. Se incluirán también las órdenes de arresto en las causas por deudas de pensiones de alimentos, declaradas por los tribunales de familia.

En la resolución, respaldada por la Sala, se llama al Presidente a tomar las acciones necesarias para que las respuestas no demoren más de 30 días.

En el documento, las y los diputados resaltaron los hechos certificados en las distintas comisiones que buscaron la verdad, la reconciliación y la justicia, todo ello, en miras de cumplirse, en 2023, 50 años del golpe militar.

Mediante una resolución, se solicitaron medidas de apoyo a la gestión policial y a la protección de Carabineros. En particular, se expresó solidaridad con la familia del sargento segundo Carlos Retamal, así como de otros mártires de la institución.

Los requirentes alegaron que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.

La clienta afectada solicitó al proveedor el pago de $17.000.000.- como compensación del daño moral, luego de rechazar la devolución del dinero invertido en la compra, pretensión que fue considerada irracional e injusta por el Tribunal.