La Corte determinó que las comunicaciones entre el cliente y la empresa, donde esta última ofrecía ayuda para reparar el desperfecto, eran prueba suficiente para determinar la responsabilidad del proveedor.
Los demandantes también dirigieron la acción en contra del Fisco de Chile, como responsable de la negligencia del Ministerio de Obras Públicas, pero fue rechazada por el Tribunal, luego de determinar que la mantención de los paraderos de la locomoción colectiva no estaba dentro de las funciones de esa cartera ministerial.
El banco informó, con fundamento en una investigación interna, que los productos financieros fueron obtenidos por terceros que engañaron al actor, para obtener sus datos personales. Sin embargo, reportó a la central de riesgo sobre los presuntos incumplimientos bancarios en que habría incurrido.
El amparado deberá mantenerse durante todo el tiempo del cumplimiento de la condena privativa de libertad en otro modulo.
La defensora sancionada, si bien reconoció la tardanza, dio como justificación para ello la preparación de una defensa adecuada de su representado, argumento que fue desestimado por la Corte.
El imputado sostuvo que la Fiscalía incorporó pruebas incriminatorias una vez terminada la etapa de investigación, junto con acusar una conducta carente de antijuricidad material, como lo fue portar un cartucho con munición; argumentos desechados por el máximo Tribunal.
Ello en razón de que esta salida alternativa no implica un reconocimiento de responsabilidad en los hechos imputados, por lo que es necesario previamente un juicio declarativo de lato conocimiento, en que se discuta la existencia de los supuestos de la responsabilidad extracontractual.
La Municipalidad de Renca infringió el principio de estricta sujeción a las bases, que permiten justificar el incumplimiento del servicio convenido si acontece un caso fortuito o fuerza mayor, como lo es la paralización nacional de la federación de trabajadores recolectores de residuos domiciliarios.
El máximo Tribunal resuelve que las normas de los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo no son incompatibles con las normas del Estatuto Docente.
El recurrente acuso que la policía no respetó su derecho a guardar silencio y no incriminarse, hecho que no fue incidentado en la investigación ni en el Juicio Oral, por lo que el máximo Tribunal tuvo por no preparado el recurso.
