El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que estableció que la recurrente no acreditó título para ocupar el inmueble.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la clínica al condicionar la continuidad del tratamiento a la suscripción de documentos de pago.

La Comisión determinó la “responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad, libertad de pensamiento y expresión y a la protección judicial.

El Tribunal de alzada hizo lugar a la acción cautelar deducida y revocó la resolución dictada el jueves 27 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco, ordenando el arresto total del teniente coronel, por considerar que dicha medida garantiza en esta etapa procesal, los fines del procedimiento.

El Tribual estableció que la demandada no fundamentó la causal esgrimida en la carta de despido de la trabajadora.

La Magistratura rechazó el requerimiento deducido para 3 de los oficiales requirentes; acogiendo la inaplicabilidad sólo respecto de uno de ellos, por considerar que, en su caso, se desconocieron los principios de legalidad e indubio pro reo, y se vulneró la igualdad ante la ley.

La detención del actor tuvo un impacto en su personalidad y sufrió daños emocionales producto de las conductas injustificadamente erróneas del Ministerio Público.

El ordenamiento jurídico establece medidas de protección en favor del contratante más débil.

La Segunda Sala señaló que, ha logrado formarse convicción de concurrir las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la LOCTC.

La acción hace presente que la reclamación se dirige en contra de la candidatura de Carrillo y no contra su condición de elector, ya que suponen requisitos diferentes.