Diputados electos del oficialismo manifestaron su preocupación por avanzar en temas de integración regional y derechos laborales.
Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de Carabineros de Chile- exonerar de responsabilidad civil, conforme al artículo 62 de la Ley N° 10.336, a dos funcionarios de la institución, con motivo de los daños ocasionados a un furgón fiscal, y los deterioros que afectaron al bastón retráctil de uno de ellos.
Se dedujo acción de protección indeterminadamente y de acuerdo a lo fijado judicialmente, en contra de la Municipalidad de Santiago y de la Contraloría General de la República, por parte del Presidente del Comité de una comunidad inmobiliaria, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho consistente en el retiro de los pórticos de ese conjunto habitacional, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho de propiedad.
Se dedujo amparo de acceso a la información –por parte de un particular- fundado en la falta de respuesta a una denuncia presentada por competencia desleal, consistente en la presencia de “transporte pirata” en el “Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo” de la ciudad de Punta Arenas.
En sus informes, los recurridos solicitaron el rechazo del arbitrio constitucional, sosteniendo que no son efectivos los hechos alegados.
En su sentencia, el Tribunal de alzada capitalino rechazó que la actuación fuera ilegal, toda vez que “responde a una materia que le incumbe informar en razón de la naturaleza de sus funciones, cumpliendo con las exigencias que le impone la normativa citada”.
La moción de los diputados Browne, Farías, Gutiérrez, Meza, Muñoz, Ojeda, Rivas, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, expone que en el derecho comparado se regula el fuero parlamentario en dos aspectos.
El presidente de la instancia, diputado Torres, se mostró conforme con el importante avance en el despacho de la iniciativa la aprobación con importantes consensos de múltiples indicaciones para perfeccionar el proyecto presentado por el Ejecutivo.
Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud- acerca de la legalidad de la comisión de servicio en el extranjero que cumplió la ex Directora Nacional de ese organismo, quien, además, ejerce como concejal de la Municipalidad de Vitacura, por cuanto, a su juicio, aquélla no se habría referido a labores propias de la repartición que dirige.
En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguye, en esencia, que la norma del artículo 2° del proyecto de ley sometido a control, que agrega una letra d) al artículo 20 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, es propia de la ley orgánica constitucional a que alude el inciso quinto del artículo 118 de la Constitución Política, al regular una materia atingente a las funciones y atribuciones de las Municipalidades, en la medida que establece la obligación de llevar un registro, a cargo de la Secretaría Municipal.
