El proyecto inmobiliario “Edificio Urmeneta”, cuyo titular es el Grupo San Isidro S.A., consiste en la construcción un edificio de 10 pisos de departamentos y 1 piso subterráneo, con un total de 80 viviendas, 2 locales comerciales.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al impedir a los residentes del edificio acceder libremente a la contratación y recepción del servicio de telecomunicaciones de la operadora vetada.
Iniciativa fue promulgada el pasado viernes 25 de marzo por el Presidente de la República y recientemente publicada en el Diario Oficial.
Los fondos solicitados corresponden al período trabajado dentro del país, y deben ser reintegrados en cumplimiento de los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156.
El hecho ocurrió luego de un sismo en la zona en el año 2019, y tuvo directa relación con la falta de mantenimiento de los equipos utilizados para proveer el servicio.
Si respecto de un acto administrativo se deduce una acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá de inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión. Procedimiento de invalidación de acto administrativo no procede si asunto está siendo conocido por los tribunales.
El requirente estima que la exigencia de buena conducta no contiene parámetros objetivos y da pábulo a una total discriminación lo que vulnera las garantías constitucionales que invoca.
La recurrida no acreditó que la fusión haya sido ocasionada por razones de bajas de productividad o por otras circunstancias económicas o de cambios en el mercado que involucren en sí una merma en las condiciones económicas del empleador.
Para ello se deben adjuntar los antecedentes que acrediten la realización de dichas labores.
No existe reproche que hacer al Consejo para la Transparencia en orden a considerar que haya ordenado la entrega de una información que contiene datos sensibles, cuya publicidad pudiere afectar a terceros.
