Recurrente estimó vulnerada la normativa penitenciaria.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la Sala de Casación Laboral no analizó el fondo de todos los cargos contenidos en la demanda.
El máximo Tribunal brasileño adujo que la legislación que regula el procedimiento para la destitución de alcaldes no prevé la celebración de sesiones sin la presencia de público.
Se demostró que fue monitoreado regularmente por equipos médicos.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2, 8 y 24.
Tribunal indicó que los hechos denunciados no revisten la gravedad denunciada por el demandante.
Tribunal de alzada indicó que las normas de protección a los derechos fundamentales de los trabajadores se aplican a todas las personas, en aplicación de la protección constitucional de tales garantías.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que en el requerimiento impetrado no existe una gestión judicial pendiente en tramitación.
Tribunal de alzada indicó que no es posible aplicar supletoriamente las normas del código del trabajo a funcionarios sujetos al estatuto docente.
Lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 205 del Código Procesal Penal tiene carácter de subsidiario.
