La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional, al estimar que “FONASA se ha arrogado facultades exclusivas y excluyentes de la jurisdicción, pues son los tribunales de justicia los que deben resolver el conflicto planteado”, sobre todo tomando en consideración el precedente de la sentencia de la Corte Suprema (Rol N° 1613-2008), que frente a un caso similar resolvió de idéntica manera.

El requirente estima que la aplicación de la norma impugnada vulnera -entre otras garantías constitucionales- la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad personal y la libertad económica, por cuanto la persona que fue condenada al pago, no era quien se encontraba obligada al mismo, sino que otra empresa.

El senador Camilo Escalona fundamentó su voto en contra, al estimar que el momento a partir del cual se hace exigible este derecho no estaría correctamente configurado.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, tras constatar el no cumplimiento satisfactorio de sus recomendaciones para erradicar la discriminación por orientación sexual y reparar a la afectada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló una denuncia en contra del Estado de Chile, por la presunta violación de los derechos a la no discriminación, al debido proceso, a la intimidad familiar y la protección a la familia de la jueza Karen Atala y sus hijas…

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Carmona, quien estuvo por declarar la inadmisibilidad del requerimiento ya que no se encuentra razonablemente fundado.

“los requisitos, en general, de la responsabilidad extracontractual están constituidos por la existencia de un hecho ilícito –doloso o culposo- el resultado dañoso y la relación de causalidad entre uno y otros”.

“proceso penal tiene dos órganos que son fundamentales, uno es la Fiscalía Nacional y la segunda es la Defensoría. Resulta que la Fiscalía es autónoma y la Defensoría Penal Pública no lo es, depende del Ministerio de Justicia, lo cual es un contrasentido”.

“al aumentar el monto de la indemnización, fijándola en diez millones de pesos para cada uno de los dos actores”, no otorgó “más de lo pedido, puesto que de la lectura del recurso de apelación que ellos han interpuesto aparece que solicitaron al tribunal de alzada el aumento de la cantidad fijada por el de primer grado, teniendo como límite la suma de cien millones de pesos respecto de uno de ellos y de cincuenta millones de pesos respecto del otro”.

La gestión pendiente trata de una Oficial de Ejército que dedujo acción de protección en contra de esa institución armada por haberle notificado la baja mediante la resolución de la Comisión de Sanidad.

La gestión pendiente invocada incide en una reclamación tributaria pendiente de resolución ante el Tribunal Tributario de la ciudad de Temuco.