Los requirentes estiman que la norma establece un requisito adicional que limita su capacidad para negociar con su empleador, vulnerando sus garantías constitucionales.
Las declaraciones de la recurrida no pueden ser catalogadas como deshonrosas, ya que obedecían a una desavenencia de ideas políticas, y no constituían un llamado a lesionar la imagen y honra del recurrente.
El artículo 68 de la LGUC se refiere a bienes nacionales de uso público y no a terrenos que estén en uso de la comunidad en general.
La exigencia del debido proceso supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución, lo que en el caso no se acató.
No se advierte vulneración al derecho a la educación y al derecho de propiedad, en los términos denunciados por la requirente.
Los conflictos de naturaleza declarativa son propios de juicios de lato conocimiento.
Los ministros disidentes estimaron que la resolución impugnada se encuentra en la hipótesis del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, pues pone término al juicio y no es susceptible de recurso alguno.
El requirente estima que la distinción no encuentra justificación alguna y vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de protección al empleo.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada en la parte que condenó al entonces capitán de Ejercito Jorge Romero Campos, al teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena y al oficial de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga, en calidad de autores de ambos ilícitos.
El 25 de abril de 1792 consta como la primera vez en la que se utilizó una guillotina como método de ejecución en Francia.
